La confirmación del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre la intención del gobierno de Javier Milei de eliminar la figura de femicidio del Código Penal Argentino ha desatado una ola de críticas y controversias. La medida, que busca equiparar el asesinato de mujeres con el homicidio simple, podría significar una drástica reducción en las penas para los agresores, generando preocupación en organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres.

La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar el agravante de femicidio del Código Penal Argentino ha generado un intenso debate en la sociedad. El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó la postura del ejecutivo, argumentando que la figura de femicidio representa una «distorsión del concepto de igualdad». Esta declaración ha sido interpretada como un cuestionamiento a la lucha feminista y a la necesidad de proteger a las mujeres de la violencia de género.

La figura de femicidio, incorporada al Código Penal a través de la ley 26.791 en 2012, tipifica el asesinato de mujeres por su condición de género como un agravante, con penas que alcanzan la prisión perpetua. La eliminación de esta figura implicaría que estos crímenes serían juzgados como homicidios simples, con penas que oscilan entre 8 y 25 años. Expertos legales advierten que, en la práctica, esto podría traducirse en condenas mínimas, salvo en casos con antecedentes penales.

La justificación del gobierno se centra en la idea de que «ninguna vida vale más que otra», buscando una igualdad ante la ley que, según su perspectiva, se ve distorsionada por la figura de femicidio. Esta postura coincide con declaraciones previas del Presidente Milei en Davos, donde calificó al feminismo como una «distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra».

Sin embargo, organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres han expresado su profundo rechazo a esta medida. Argumentan que el femicidio es un problema estructural que requiere una atención específica y una legislación que proteja a las mujeres de la violencia machista. La eliminación del agravante, según estas voces, representa un retroceso en la lucha contra la violencia de género y un mensaje peligroso que minimiza la gravedad de estos crímenes.

La eliminación del agravante de femicidio coloca a Argentina en una situación excepcional en Latinoamérica, donde la mayoría de los países cuentan con legislaciones específicas para abordar este tipo de crímenes

La controversia generada por esta medida se suma a otras políticas del gobierno de Milei que han generado críticas por su impacto en los derechos de las mujeres. La discusión sobre la eliminación del agravante de femicidio pone en evidencia la necesidad de un debate profundo sobre la violencia de género y las políticas públicas necesarias para erradicarla.