La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó en las últimas horas una batería de iniciativas legislativas en la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de un conjunto de cuatro expedientes que buscan interpelar de manera directa la política exterior y de defensa del Gobierno nacional, exigir auditorías exhaustivas sobre millonarios desvíos de fondos detectados en las Fuerzas Armadas y, en el plano productivo, declarar como prioridad estratégica el desarrollo energético de Vaca Muerta en el sur de la provincia de Mendoza.

A través de tres proyectos de resolución y un proyecto de ley integral, la legisladora del bloque Provincias Unidas apunta a que los máximos responsables de los ministerios del Poder Ejecutivo brinden explicaciones presenciales y detalladas ante el Congreso. La premisa fundamental de estos requerimientos se basa en la necesidad de garantizar obras de infraestructura claves para la soberanía nacional, el control estricto de los recursos del Estado y el fortalecimiento de la matriz productiva federal.

El primer frente de reclamos está enfocado en la política exterior. Mediante el expediente 4819-D-2026, Arrieta propone la citación formal e indelegable del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, amparándose en las facultades que otorga el artículo 71 de la Constitución Nacional. El objetivo central es que el canciller brinde un informe pormenorizado sobre la política diplomática actual en torno a la Cuestión Malvinas.

Este pedido cobra especial relevancia tras la designación de la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, normativa que establece severas sanciones para la exploración ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. En este sentido, la diputada exige conocer el estado de las acciones legales emprendidas contra empresas extranjeras, puntualmente Navitas Petroleum LP y Rockhopper Exploration Plc, por sus operaciones extractivas no autorizadas en la Cuenca Malvinas Norte.

El requerimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores no se agota en los recursos petroleros. Arrieta también demanda respuestas concretas sobre las gestiones diplomáticas realizadas para frenar la pesca ilegal en la zona económica exclusiva y para protestar formalmente por el apoyo logístico que países limítrofes continúan brindando a las actividades británicas en el Atlántico Sur. Asimismo, el proyecto exige que el Gobierno fije una postura oficial y contundente frente a las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una hipotética mediación en el conflicto.

En el plano de la transparencia institucional, el expediente 4820-D-2026 pone el foco sobre un grave escándalo de corrupción interno que sacude a las Fuerzas Armadas. La iniciativa exige al Ministerio de Defensa y a la cúpula de la Armada Argentina la presentación de un informe detallado sobre las investigaciones en curso por irregularidades sistemáticas en la liquidación de haberes del personal militar.

Según los datos expuestos en el proyecto, una auditoría preliminar ya logró detectar un perjuicio económico directo al Estado de $981.148.567,88, originado a partir de 645 acreditaciones bancarias indebidas. Sin embargo, la gravedad del caso radica en las proyecciones judiciales y contables, las cuales ubican el desvío total de fondos en una cifra que oscilaría entre los $1.270 millones y los $1.600 millones, abarcando un extenso período comprendido entre julio de 2022 y enero de 2026.

La legisladora requiere que se explique con precisión técnica cómo fue posible vulnerar los controles internos del sistema informático Haberes-Web. Según trascendió, la maniobra consistía en realizar alteraciones manuales de los archivos enviados al Banco de la Nación Argentina una vez que ya habían sido aprobados, lo que permitía desviar millonarias sumas de dinero hacia las cuentas bancarias de personas civiles completamente ajenas a la institución castrense.

Entre los casos más alarmantes que señala el documento legislativo, se destacan 184 acreditaciones a civiles por una suma superior a los 434 millones de pesos. El epicentro del escándalo apunta al Capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff. Se detectaron 46 transferencias directas a la cuenta de su propia cónyuge. Ante esta situación, el texto interpela fuertemente al Poder Ejecutivo por haber promovido el ascenso de dicho oficial superior en abril de 2026, cuestionando si las autoridades políticas y militares ya estaban al tanto de las maniobras defraudatorias al momento de firmar su promoción.

Complementando la agenda de defensa de la soberanía, el expediente 4822-D-2026 solicita la comparecencia en el recinto del ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti. A diferencia del requerimiento girado a la Cancillería, este proyecto se enfoca estrictamente en las capacidades operativas, logísticas y de disuasión de las Fuerzas Armadas en la región del Atlántico Sur.

Arrieta reclama la presentación del cronograma exacto de obras, la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes y el detalle de los procesos licitatorios para la construcción y finalización de la Base Naval Integrada en Ushuaia, Tierra del Fuego. Además, el proyecto pide informes exhaustivos sobre el despliegue actual de los sistemas de vigilancia aeroespacial y marítima, y solicita explicaciones sobre los motivos por los cuales la cartera de Defensa calificó las expresiones del mandatario estadounidense como un respaldo a una solución pacífica, consultando de manera formal si existen acuerdos secretos o en estudio para realizar patrullajes conjuntos con fuerzas de terceros países en la región austral.

Finalmente, con un fuerte enfoque en el desarrollo productivo y económico, la legisladora presentó el expediente 4844-D-2026, que da forma al «Plan de Integración Energética Vaca Muerta – Lengua Norte». Este proyecto de ley tiene como objetivo principal declarar de interés público nacional toda la infraestructura necesaria para explotar los recursos hidrocarburíferos no convencionales en el departamento de Malargüe, argumentando que el desarrollo energético del país debe tener una mirada verdaderamente federal y no concentrarse en una sola provincia.

La iniciativa establece obligaciones concretas para el Estado. Por un lado, insta a la Secretaría de Energía de la Nación a coordinar la ampliación inmediata de la capacidad de transporte del Oleoducto Vaca Muerta Norte, específicamente en el nodo Puesto Hernández – El Trapial. El objetivo de esta obra es permitir el envío de crudo de manera directa y fluida hacia la Refinería de Luján de Cuyo, garantizando así la soberanía en la provisión de combustibles para toda la región centro-oeste del país.

Para asegurar la viabilidad económica y el cuidado ambiental de este polo de desarrollo, la ley ordena a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) y al Consejo Federal de la Energía Eléctrica la inclusión prioritaria de una Línea de Alta Tensión en 132 kV hacia los yacimientos mendocinos. Esta obra de infraestructura eléctrica resulta vital para permitir la electrificación de los equipos de fractura hidráulica, abandonando de esta manera el uso masivo, costoso y contaminante del gasoil en las operaciones.

Por último, en el aspecto logístico, el proyecto de ley impone a la Dirección Nacional de Vialidad la ejecución urgente de las obras de repavimentación y ensanche de la Ruta Nacional 40, en el tramo que une a Malargüe con el límite de la provincia de Neuquén. Asimismo, exige la adecuación estructural de la Ruta Nacional 188 para soportar el tránsito pesado permanente. Los fundamentos del proyecto estiman que la concreción de estas obras viales no solo mejorará la seguridad en la región, sino que logrará reducir los costos de flete de la industria petrolera hasta en un 25%, volviendo a la zona mucho más competitiva para las inversiones