La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una denuncia formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud contra Unión Personal, la obra social de UPCN. ATE acusa a la obra social de cobrar coseguros ilegales, ejercer discriminación en las prestaciones y utilizar estas prácticas «extorsivas» para frenar las desafiliaciones masivas que sufre UPCN.

La tensión entre los sindicatos estatales ha escalado a un nuevo nivel. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha presentado una contundente denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación contra su par, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la obra social que esta administra, Unión Personal. El motivo es el presunto cobro de coseguros ilegales y la aplicación de tarifas exorbitantes que, según ATE, violan los derechos de los trabajadores.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, no escatimó en críticas. “La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley”, señaló Aguiar. El dirigente sindical fue más allá, acusando a la obra social de utilizar estas prácticas como una herramienta de extorsión para frenar la masiva desafiliación que, según él, está sufriendo UPCN por su «silencio cómplice» ante las políticas del Gobierno.

La denuncia de ATE se centra en varias irregularidades. En primer lugar, el cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, una práctica que viola directamente el Programa Médico Obligatorio (PMO), que establece las prestaciones mínimas que las obras sociales y prepagas deben garantizar sin costo adicional. En segundo lugar, ATE acusa a Unión Personal de discriminar en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y de imponer costos elevados a los no afiliados a UPCN.

“No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias”, afirmó Aguiar. La denuncia busca investigar si existe complicidad por parte de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir estas acciones «discriminatorias y manifiestamente ilegales».

ATE sostiene que la estrategia de UPCN, liderada por Andrés Rodríguez, es extorsiva. Según el comunicado, la obra social exime del pago de coseguros solo a quienes están afiliados a UPCN, en lo que ATE considera un intento desesperado por mantener a sus miembros. Este accionar, además de ser inconstitucional, representa una práctica de intimidación.

Ante esta situación, ATE ha desplegado una estrategia legal, presentando diversos amparos, tanto colectivos como individuales, ante el órgano de control de las obras sociales. Gracias a esta acción, han logrado revertir algunas de las prácticas «fraudulentas». Además, los delegados de ATE están asesorando a los trabajadores sobre cómo realizar denuncias formales para impedir estas acciones ilegales y discriminatorias.

El conflicto entre los dos principales sindicatos del sector público nacional expone no solo una disputa por la representatividad, sino también una profunda crisis en el acceso a la salud de miles de trabajadores estatales, que se ven obligados a enfrentar costos exorbitantes y prácticas que, según ATE, atentan contra su derecho a la salud.