En medio del debate por el proyecto oficial que propone reducir la edad de imputabilidad a 13 años, la Conferencia Episcopal Argentina advirtió que centrar la discusión casi exclusivamente en la pena simplifica una problemática compleja y reclamó políticas que prioricen la educación, el acompañamiento y la inclusión social.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se pronunció este sábado en el marco del debate por la iniciativa del Gobierno nacional que impulsa la baja de la edad de imputabilidad, y reclamó un abordaje integral para la reforma del Régimen Penal Juvenil. A través de un comunicado, la Iglesia cuestionó que el Estado concentre la discusión “casi exclusivamente” en el castigo penal, sin contemplar de manera profunda las causas estructurales que atraviesan a niñas, niños y adolescentes.

“El desafío es más amplio: pensar caminos que cuiden, eduquen y acompañen y no solo respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho”, expresaron los obispos en el documento titulado “Para los jóvenes, más educación, más comunidad”, firmado por los arzobispos de Mendoza, Córdoba, Jujuy y San Isidro.

En el texto, la CEA reconoció el impacto social de los delitos cometidos por menores y se manifestó cercana “al dolor desgarrador de las familias y comunidades víctimas de estos delitos”. No obstante, advirtió que reducir el debate a la edad de imputabilidad corre el riesgo de simplificar una realidad compleja, que involucra responsabilidades compartidas entre la familia, la escuela, la comunidad y el Estado.

Un debate reactivado por hechos de alto impacto

La discusión por la modificación del Régimen Penal Juvenil volvió al centro de la agenda política luego del crimen de Jeremías Monzón, un joven de 15 años asesinado en Santa Fe por tres adolescentes de 14 años. En ese contexto, el Gobierno incluyó el proyecto —que propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años— en el temario de sesiones extraordinarias de febrero, con el objetivo de avanzar en su aprobación legislativa.

Para la Iglesia, sin embargo, la respuesta estatal no puede limitarse a una modificación legal de carácter punitivo. “Insistimos en que una discusión centrada únicamente en la edad de los menores involucrados corre el riesgo de dejar intactas las condiciones que producen exclusión, violencia y abandono”, remarcaron.

Preguntas clave sobre el sistema penal juvenil

El comunicado retomó reflexiones planteadas por la Pastoral Social en marzo de 2025, donde se advertía sobre las limitaciones estructurales del sistema penal juvenil en la Argentina. En ese sentido, los obispos formularon una serie de interrogantes que consideran aún vigentes:

“Si se concreta la baja de la edad de imputabilidad, ¿dónde van a recluir a los menores? ¿Cuáles son los dispositivos apropiados en las provincias para alojar a adolescentes que delinquen? ¿Qué alternativas reales existen para educarlos y reinsertarlos socialmente?”, plantearon.

Además, pusieron en cuestión la eficacia del encierro como solución: “Sabemos cómo es la realidad de los establecimientos penitenciarios. ¿En serio creemos que esa es la respuesta adecuada?”, señalaron.

Una mirada centrada en la prevención y la inclusión

Desde la Conferencia Episcopal reafirmaron la necesidad de construir un régimen penal juvenil con una mirada humana, integral y orientada a la esperanza, que contemple políticas públicas de prevención, educación, salud mental, acompañamiento familiar y fortalecimiento comunitario.

“La pena por sí sola no resuelve los conflictos sociales ni repara el daño de fondo”, indicaron, al tiempo que llamaron a promover más presencia del Estado antes del delito, con estrategias que garanticen derechos, oportunidades y contención para las infancias y adolescencias más vulnerables.

El pronunciamiento de la Iglesia se suma así a un debate que atraviesa al Congreso y a la sociedad en su conjunto, en un contexto marcado por la demanda de mayor seguridad, pero también por la discusión sobre qué tipo de respuestas ofrece el Estado frente a la conflictividad juvenil.