La defensa de Claudio David Montiel presentó un pedido de recusación contra Juan Pablo Fernández y Marina Lara ante el Juzgado de Garantías N°3. Denuncian declaraciones públicas incriminatorias y dificultades en el acceso a la prueba que vulnerarían el debido proceso y la presunción de inocencia.

Los abogados defensores de Claudio David Montiel han solicitado formalmente el apartamiento del fiscal general del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, y de la fiscal a cargo de la investigación, Marina Lara. El planteo fue radicado ante el Juzgado de Garantías N°3, bajo el argumento de que existen circunstancias graves que comprometen la objetividad y la imparcialidad necesarias para llevar adelante el proceso judicial.

El escrito presentado por la defensa técnica sostiene que la actuación del Ministerio Público Fiscal se encuentra viciada por «circunstancias objetivas y sobrevinientes». Uno de los ejes centrales de la recusación radica en las intervenciones mediáticas del fiscal general. Según los letrados, Fernández habría emitido juicios de valor y posturas incriminantes de manera pública antes de que se formalizaran las imputaciones correspondientes, utilizando incluso términos despectivos para referirse a uno de los investigados. Para la defensa, este comportamiento rompe el principio de objetividad y vulnera la presunción de inocencia de Montiel.

Cuestionamientos a la conducción del proceso

En cuanto a la fiscal Marina Lara, el pedido de la defensa se enfoca en presuntas irregularidades en la gestión de la causa. El planteo señala serias dificultades para que la defensa acceda a elementos de prueba clave de manera oportuna. Asimismo, denuncian la aparición «diferida» de documentación y elementos en el expediente, lo que dificultaría el ejercicio pleno del derecho a defensa.

Otro punto de conflicto mencionado en la presentación es la aplicación de medidas de coerción que la defensa califica como «irregulares» en el contexto actual del caso. Los abogados sugieren que la actuación de la doctora Lara podría estar condicionada por las directivas o la postura pública ya manifestada por su superior jerárquico, el fiscal general Fernández, lo que restaría autonomía y criterio independiente a la instrucción.

El futuro de la causa

La recusación ahora deberá ser resuelta por la magistrada a cargo del Juzgado de Garantías N°3. Mientras tanto, el pedido ha generado una fuerte repercusión en el ámbito judicial bahiense, dado que pone en tela de juicio la imparcialidad de las máximas autoridades de la fiscalía local en una causa de gran impacto social y gremial. El principio de objetividad es una obligación legal para los fiscales, quienes deben investigar tanto los elementos de cargo como los de descargo, equilibrio que, según la defensa de Montiel, se ha roto definitivamente en este proceso.