El Tribunal en lo Criminal N.º 1 condenó a Jorge Orlando Fuentealba, un oficial de policía, a 2 años y 6 meses de prisión por haber falsificado su domicilio para cobrar un extra por «Zona Desfavorable». Según la investigación, la maniobra se extendió por casi diez años y provocó un perjuicio de más de $43 millones al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

En un fallo que sienta precedente en materia de corrupción en la administración pública, la justicia de Bahía Blanca condenó al oficial de policía Jorge Orlando Fuentealba por un sofisticado fraude que se extendió por casi una década. El Tribunal en lo Criminal N.º 1 lo halló culpable de «fraude en perjuicio de la administración pública en la modalidad de estafa agravada por haber sido cometida por funcionario público, en concurso ideal con falsificación ideológica de instrumento público».

La investigación, llevada a cabo por la UFIJ N.º 10 a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, determinó que Fuentealba cometió los delitos entre noviembre de 2014 y junio de 2024. Durante este período, el oficial consignó de manera fraudulenta que su lugar de residencia era la localidad de Juan A. Pradere, en el Partido de Patagones, con el único objetivo de cobrar el «Suplemento por Zona Desfavorable». Este beneficio, aprobado por ley, está destinado a compensar al personal de las fuerzas de seguridad que reside en áreas geográficamente menos favorecidas o con condiciones de vida más difíciles.

El modus operandi del oficial consistió en presentar declaraciones juradas con información falsa, haciendo que las autoridades encargadas de la liquidación de haberes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires incurrieran en un grave error. Confiando en la veracidad de los datos, el organismo público procedió a abonar de forma mensual este suplemento en el salario de Fuentealba.

Como resultado de esta maniobra, la percepción indebida de dinero por parte de Fuentealba generó un perjuicio patrimonial para la provincia que, de acuerdo con la causa judicial, asciende a más de 43 millones de pesos.

Además de la pena de 2 años y 6 meses de prisión, el Tribunal impuso una serie de sanciones adicionales. Entre ellas, se destaca la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una medida ejemplar que busca desalentar este tipo de delitos. El oficial también deberá cumplir con 3 años de reglas de conducta y 240 horas de tareas comunitarias en instituciones de bien público.

El caso de Fuentealba es un claro ejemplo de cómo la corrupción puede manifestarse a través de fraudes que, aunque parezcan menores en su origen, generan un daño económico considerable al erario público. El fallo del Tribunal en lo Criminal N.º 1 de Bahía Blanca subraya la importancia de los mecanismos de control interno y refuerza el mensaje de que los delitos de cuello blanco, especialmente aquellos cometidos por funcionarios públicos, no quedarán impunes.