Una propietaria de la zona de Gualjaina instaló una estructura de metal sobre la traza vial, desatando una disputa legal con el Gobierno provincial. Mientras los vecinos denuncian aislamiento, la dueña del campo asegura que el camino es privado y exige una expropiación formal para liberar el tránsito.

La circulación por la ruta provincial 12, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Esquel, se encuentra en el centro de una controversia que escala a nivel regional. La instalación de una tranquera metálica a la altura de Gualjaina ha generado versiones cruzadas entre los pobladores, las autoridades y los propietarios de los terrenos que atraviesa el trazado asfáltico.

Lo que en un principio circuló como el accionar de un supuesto inversor extranjero, fue rápidamente desmentido por Luciana Zárate, una pobladora local que asumió la autoría de la medida. Zárate fundamenta su decisión en un vacío legal que el Estado provincial arrastra desde hace años: la ruta atraviesa su propiedad privada y el proceso de expropiación correspondiente nunca fue completado.

Versiones contrapuestas y denuncias de aislamiento

El conflicto tomó estado público cuando varios vecinos de la zona denunciaron que el paso estaba impedido, lo que generaba el aislamiento de familias que dependen de ese camino para sus traslados cotidianos y el abastecimiento de insumos básicos. Imágenes de la estructura metálica cruzando de lado a lado la ruta se viralizaron rápidamente, despertando el malestar de la comunidad.

Sin embargo, Zárate rechazó las acusaciones de bloqueo total. Según su testimonio, la tranquera no posee candado y el tránsito no está interrumpido, sino meramente restringido por la estructura física. «Somos los dueños de los campos, gente trabajadora, y el camino pasa por nuestra propiedad», afirmó la propietaria, quien además justificó la instalación como una medida de seguridad ante la ola de robos de ganado que afecta a los establecimientos rurales de la zona.

El reconocimiento oficial de un litigio pendiente

Desde el Ejecutivo de Chubut admitieron la complejidad del escenario. Fuentes gubernamentales confirmaron que la ruta provincial 12 efectivamente atraviesa terrenos privados en ese tramo y que la obra original quedó inconclusa, dejando el proceso de expropiación en un limbo administrativo.

Esta situación le otorga a la propietaria un argumento legal sólido, aunque colisiona directamente con el derecho a la libre circulación por una vía que, en la práctica, funciona como una ruta provincial. La postura de Zárate es tajante: la tranquera permanecerá en el lugar hasta que el Estado avance con el trámite legal y el pago de la expropiación de las tierras afectadas por el asfalto.

Mientras tanto, el conflicto persiste sin una solución inmediata a la vista. El Ministerio de Infraestructura y la Dirección de Vialidad Provincial se encuentran bajo presión para regularizar la titularidad de los suelos y garantizar que el uso público de la ruta no dependa de la voluntad de los propietarios particulares, en un caso que sienta un precedente preocupante para la infraestructura vial de la meseta chubutense.