Exfuncionarios y trabajadores del área de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad denuncian irregularidades administrativas, presunta malversación de fondos y un esquema de hostigamiento contra quienes expusieron esas maniobras. Varias presentaciones judiciales siguen activas y apuntan a responsabilidades políticas de la gestión 2015-2019 y su reconfiguración desde 2023.

Una serie de denuncias internas acumuladas durante años vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), un área clave del Ministerio de Seguridad. Los expedientes, iniciados por personal de carrera del organismo, describen presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, designaciones cuestionadas y un patrón sistemático de persecución laboral contra quienes alertaron sobre esas prácticas.

Los hechos señalados se remontan a la gestión 2015-2019, cuando el área estuvo bajo la órbita política de Patricia Bullrich y la conducción operativa de Gerardo Milman. Según la documentación presentada ante la Justicia y la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, varias denuncias internas nunca habrían sido elevadas a instancias judiciales en el momento en que fueron formuladas.

Entre los puntos más sensibles figura el manejo de partidas presupuestarias y contrataciones administrativas que, de acuerdo con los denunciantes, carecían de controles suficientes. También se cuestionan designaciones en cargos estratégicos sin antecedentes técnicos verificables, en áreas vinculadas a la gestión contable y jurídica del organismo.

Las denuncias sostienen que, tras la presentación de estos reclamos, se habría desplegado un esquema de hostigamiento contra trabajadores de planta permanente. Ese presunto mecanismo incluyó sumarios administrativos, recortes salariales, bloqueo de ascensos y traslados compulsivos. Algunos empleados solicitaron pases a otras dependencias estatales para evitar situaciones que describen como persecución laboral.

Con el cambio de gobierno en 2019, varios de los denunciantes aseguran que el clima interno se estabilizó temporalmente. Sin embargo, afirman que desde diciembre de 2023, con el regreso de funcionarios vinculados a la estructura anterior, reaparecieron conflictos y medidas disciplinarias que hoy son objeto de nuevas presentaciones judiciales.

Otro capítulo relevante de las denuncias apunta al funcionamiento de los llamados Centros de Fusión de Información de Inteligencia, proyectos impulsados en cooperación internacional que, según los expedientes, no habrían alcanzado el nivel operativo previsto pese a la asignación de recursos.

Especialistas en administración pública consultados por este medio señalan que el problema de fondo excede nombres propios y remite a la debilidad estructural de los mecanismos de control en áreas sensibles del Estado. La falta de transparencia en organismos de inteligencia, advierten, facilita conflictos internos que luego se trasladan al terreno político y judicial.

Las causas iniciadas por los denunciantes continúan su trámite en distintos fueros. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad no emitió un pronunciamiento integral sobre el conjunto de acusaciones, aunque fuentes oficiales sostienen que se trata de disputas administrativas internas.

El caso vuelve a abrir un debate recurrente en la política argentina: cómo garantizar controles efectivos en organismos estratégicos sin que las denuncias queden atrapadas en disputas partidarias. Para los trabajadores que impulsaron las presentaciones, el eje central sigue siendo institucional: que la Justicia determine si existieron irregularidades y que se establezcan responsabilidades, en caso de corresponder.