Una excolaboradora acusó a la legisladora cordobesa de reclamarle más del 70 por ciento de sus ingresos mensuales mediante transferencias bancarias para sostener la designación en el Congreso.

Un severo escándalo salpica al bloque de La Libertad Avanza tras salir a la luz una denuncia por presunta extorsión y exacciones ilegales contra la diputada nacional por Córdoba, María Celeste Ponce. La acusación fue impulsada por una de sus exasesoras, quien reveló un mecanismo sistemático mediante el cual la legisladora le exigía la devolución de la mayor parte de su remuneración mensual como condición indispensable para conservar el puesto de trabajo en la Cámara de Diputados.

Según la presentación realizada por la excolaboradora María Guillermina Ruíz, la operatoria se ejecutaba de manera constante inmediatamente después de cada fecha de cobro. La denunciante detalló con precisión los montos retenidos: «De las 700 lucas que yo cobraba como asesora, ella me sacaba 500 y yo me quedaba con 200. Decidí no prestarme más a la extorsión de ella. Yo estaba trabajando para ganarme la plata y, por ende, me pertenecía». Las maniobras, que habrían tenido lugar entre los meses de abril y junio de 2024, quedaron respaldadas mediante comprobantes de transferencias bancarias y registros de audio difundidos en medios de comunicación.

La gravedad del caso derivó en la formalización de una denuncia en la Justicia federal en julio de 2024, quedando radicada en el juzgado a cargo del juez Julián Ercolini. Las carátulas bajo análisis investigan la presunta comisión de los delitos de coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. Hasta el momento, el expediente se encuentra en etapa de investigación preliminar y la legisladora no cuenta con condena ni procesamiento firme en su contra.

El impacto político de la acusación generó inmediatas repercusiones en el ámbito gubernamental y parlamentario. Consultado sobre la situación de la congresista en conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni optó por despegar al Poder Ejecutivo de la controversia, argumentando de forma tajante que la resolución y eventual evaluación disciplinaria «corresponde al Poder Legislativo».

Por su parte, María Celeste Ponce rechazó las imputaciones a través de sus canales oficiales en redes sociales, donde publicó un escueto mensaje afirmando encontrarse «más firme que nunca». Sin medidas restrictivas por parte de la Cámara Baja ni de la bancada oficialista, la legisladora cordobesa continúa ocupando su banca legislativa con normalidad, habiendo participado activamente de los debates parlamentarios e integrando las votaciones clave del bloque, entre las que destaca su voto afirmativo a la reforma laboral impulsada en el período 2026.