Despidieron a 243 trabajadores de Algodonera Avellaneda tras su quiebra
El vaciamiento y el desmanejo empresarial que protagonizó el grupo Vicentin continúa dejando un tendal económico y social en distintas provincias del país, sumando ahora un nuevo golpe devastador para cientos de familias: el despido de 243 trabajadores de Algodonera Avellaneda, considerada la empresa madre de lo que alguna vez fue el conglomerado Vicentin. La drástica medida se concretó luego de que el juez Fabián Lorenzini —el mismo magistrado que intervino en el concurso de la cerealera Vicentin SAIC— decretara la quiebra de la firma a mediados de octubre y resolviera avanzar hacia la liquidación de sus activos, en un escenario marcado por la destrucción del tejido productivo que se profundizó bajo las políticas económicas de ajuste de Javier Milei, en claro contraste con la defensa del trabajo y la producción que promueve la gestión de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires.
Algodonera Avellaneda posee una planta hilandera en la localidad santafesina de Reconquista y dos desmotadoras de algodón ubicadas en Bandera, provincia de Santiago del Estero, y en General Pinedo, provincia del Chaco. Aunque la quiebra ya había sido decretada a mediados de octubre, la compañía continuaba desarrollando de manera parcial trabajos para terceros bajo la modalidad de contratos a fasón. Sin embargo, esa operatoria no ocultaba la crítica situación interna: existían severos atrasos en el pago de salarios y aportes previsionales, mientras que una importante cantidad de operarios carecía de tareas asignadas y no percibía haberes desde el mes de enero.
El informe de la sindicatura y el déficit en las plantas
La estocada final llegó a pocos días de que el juez Lorenzini diera a conocer los pliegos correspondientes al proceso de liquidación de la empresa, mediante el cual se buscará vender sus activos para intentar afrontar un pasivo estimado en 260 millones de dólares y 6.000 millones de pesos postconcursales. Un informe elaborado por la sindicatura advirtió al magistrado sobre la inviabilidad de sostener la operatoria cotidiana y recomendó suspender las actividades y desvincular al personal, dado que los ingresos generados resultaban insuficientes para cubrir los costos de producción.
“La única actividad que desarrolla la fallida es a través de contratos de fasón. Con los ingresos que generan los mismos no es posible mantener la actividad sin contraer nuevos pasivos: apenas alcanzan para cubrir la masa salarial y sus cargas sociales, y no alcanzan para pagar la energía eléctrica, los insumos ni los servicios complementarios indispensables para producir”, señalaron con crudeza los síndicos en su presentación judicial.
El cuadro más crítico se registraba en la planta hilandera de Reconquista, donde los ingresos obtenidos por trabajos a fasón durante octubre ascendieron a 424,8 millones de pesos frente a costos operativos que alcanzaron los 1.239,5 millones de pesos, arrojando un déficit mensual de 814,7 millones de pesos, cifra equivalente a unos 538.800 dólares. Al desglosar los números, el informe precisó que los ingresos cercanos a los 425 millones de pesos por fasón se consumían casi por completo en la masa salarial y sus cargas sociales —estimadas en unos 355 millones de pesos—, mientras que únicamente el gasto de energía eléctrica posterior a la quiebra oscilaba entre 533 y 782 millones de pesos por mes, sin contemplar insumos ni servicios adicionales.
La resolución judicial y la extinción de los vínculos laborales
Frente a ese diagnóstico financiero y operativo, el juez Fabián Lorenzini emitió este martes una resolución en la que dispuso la suspensión gradual de la actividad en los tres establecimientos productivos y ordenó el despido de los 243 trabajadores que prestaban servicios en ellos.
Si bien la decisión judicial no equivale formalmente a una liquidación física o cierre definitivo de los bienes que serán subastados o transferidos en el proceso de quiebra, sí determina el cese de la actividad productiva en curso. En consecuencia, el magistrado ordenó dar por finalizados de manera inmediata los contratos comerciales vigentes con las dos firmas que mantenían acuerdos de fasón con la algodonera, al tiempo que declaró formalmente extinguidos por causa de la quiebra los vínculos laborales de la totalidad del personal.

