El Gobierno de Santa Cruz apartó de su cargo de forma inmediata a la directora del Centro Integral Comunitario del Carmen. Su domicilio fue allanado en el marco de la investigación federal «Aliados por la Infancia VI», vinculada al consumo de material de abuso sexual.

En las últimas horas, el Gobierno de la provincia de Santa Cruz determinó la desvinculación inmediata y definitiva de una funcionaria pública que desempeñaba tareas jerárquicas en la ciudad de Río Gallegos. La drástica medida fue adoptada luego de que la Justicia Federal ordenara un allanamiento en su domicilio particular, en el marco de una megacausa que investiga redes de explotación sexual infantil.

La persona apartada de su cargo fue identificada como Ivana Álvarez, quien desde el año 2024 ocupaba el puesto de directora en el Centro Integral Comunitario (CIC) del Carmen. Según trascendió a partir de fuentes de la investigación, el procedimiento en su vivienda derivó en su detención, al quedar directamente vinculada con la tenencia y el consumo de material de abuso sexual infantil.

El operativo «Aliados por la Infancia VI»

El allanamiento que desencadenó el despido de la funcionaria no fue un hecho aislado, sino que forma parte de la sexta fase de la operación denominada «Aliados por la Infancia». Se trata de un despliegue judicial y policial de alcance federal, y a menudo con ramificaciones internacionales, que busca desbaratar redes dedicadas a la producción, distribución y consumo de material de explotación sexual de menores en internet.

Ante la gravedad de las acusaciones y la contundencia del accionar judicial, desde el Ejecutivo Provincial emitieron una comunicación oficial respaldando la celeridad de la decisión. Las autoridades indicaron que se actuó con total rapidez para apartar a Álvarez de sus funciones, con el objetivo primordial de priorizar el resguardo institucional del espacio que dirigía y mantener intacta la confianza de la comunidad que asiste al CIC.

Asimismo, el Gobierno santacruceño dejó en claro su total predisposición para acompañar el accionar de la Justicia Federal, permitiendo que la investigación siga su curso sin ningún tipo de interferencia ni protección política, dada la extrema sensibilidad y gravedad de los delitos que se le imputan a la ahora exfuncionaria