El gasto de la Administración Pública Nacional (APN) hasta noviembre de 2025 se desplomó un 32% en términos reales respecto a 2023, impactando dramáticamente en áreas como Educación, Salud y Obra Pública con recortes de hasta el 100%. En contraste, la única partida que registra un aumento es la de Inteligencia del Estado, con un incremento del 26%.

La política de fuerte ajuste fiscal implementada por el Gobierno Nacional ha generado un colapso en la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN), con datos a noviembre de 2025 que confirman la magnitud del recorte. Según el último informe, la caída del gasto público total ascendió a un 32% real en comparación con el mismo período de 2023. Este retroceso no es uniforme, sino que recae con severidad en funciones esenciales del Estado, mientras que algunas áreas sensibles y estratégicas mantienen o aumentan su financiamiento, evidenciando un profundo reordenamiento de prioridades.

El análisis, que toma como base el gasto devengado, muestra que la reducción ha alcanzado niveles de parálisis en diversos programas que benefician directamente a la ciudadanía y a sectores productivos clave.

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El desmantelamiento de políticas sociales y productivas

La reducción del gasto se ha concentrado de manera implacable en los servicios sociales, científicos y de infraestructura, lo que se traduce en una drástica contracción de la presencia estatal en el territorio y una potencial desarticulación de políticas públicas esenciales.

Salud: Programas vitales paralizados

El sector sanitario presenta una de las situaciones más críticas, con programas esenciales de atención y prevención que registran caídas de hasta el 100% en su ejecución. Organismos clave para la fiscalización y la investigación también sufrieron recortes:

• La Superintendencia de Servicios de Salud retrocedió un 72%.

• Los hospitales nacionales experimentaron ajustes de entre el 30% y el 42%.

• El Instituto Malbrán y la ANMAT sufrieron contracciones del 24% y 28% respectivamente.

Paradójicamente, la única partida que creció en esta función es la de Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica (+25%), un incremento que contrasta con el vaciamiento de la prevención y la atención primaria.

Educación, Ciencia e Investigación: El futuro en riesgo

El ajuste en áreas de formación, investigación y tecnología pone en jaque el capital humano y la capacidad de desarrollo del país:

• El programa Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registraron una ejecución del -100%, afectando la distribución de recursos tecnológicos y el salario docente complementario.

• Las becas y gestión estudiantil cayeron un 78%, afectando directamente el acceso y permanencia de estudiantes en el sistema.

• En Ciencia y Tecnología, el programa de Promoción de la Investigación e Innovación se desplomó un 83%. Organismos fundamentales como el CONICET y la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) redujeron su ejecución en un 32%.

Asistencia social e Infraestructura borradas del presupuesto

Los recortes también impactaron en la red de contención social, en un contexto de deterioro económico. Programas cruciales para los sectores más vulnerables vieron su presupuesto prácticamente eliminado:

• La ejecución en comedores comunitarios se recortó en un 64%.

• El apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia se redujo en un 90%.

En cuanto a la Obra Pública, las partidas destinadas a rutas, puentes y otras obras de infraestructura muestran una virtual parálisis, con caídas que van del -75% al -100%. Esta paralización incluye la suspensión de transferencias a provincias y municipios, con recortes que alcanzaron hasta el -100% en asistencias específicas.

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La excepción: el aumento en la Inteligencia del Estado

El informe de ejecución presupuestaria revela un dato que contrasta fuertemente con los recortes generalizados en áreas sociales: la Secretaría de Inteligencia del Estado fue la única partida que registró un crecimiento real en su ejecución, con un aumento del 26% respecto a 2023.

Este incremento generó controversia, especialmente luego de que el Gobierno autorizara una ampliación de fondos para el organismo por más de $26 mil millones en diciembre, justo antes del cierre del ejercicio. Si bien desde la Casa Rosada se justificó la ampliación como una «consecuencia lógica» de trabajar con un presupuesto prorrogado y un aumento necesario para cubrir gastos de personal, el contraste con la falta de fondos en áreas como comedores y becas es evidente.

Además, el servicio de Deuda Pública mantiene una incidencia significativa en la estructura de gastos, representando un 9% del total ejecutado, consolidando su peso relevante en las cuentas nacionales.

La magnitud y la selectividad de los recortes confirman que el gobierno de Javier Milei ha priorizado un superávit fiscal a costa de desfinanciar áreas clave de la Administración Nacional, llevando a un escenario de alta preocupación social respecto a la continuidad y el alcance de las políticas públicas esenciales.