El feroz e insensible plan de motosierra implementado por el gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei continúa provocando estragos en la estructura del Estado y arrasando con miles de familias en todo el territorio argentino. De acuerdo con un exhaustivo informe técnico elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el brutal ajuste fiscal puesto en marcha desde el inicio de la gestión libertaria implicó la destrucción diaria de 70 puestos de trabajo en la administración pública nacional, acumulando un colapso del 22,5% de la dotación total del Estado.

Los datos del relevamiento evidencian que, desde diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo nacional eliminó un total abrumador de 77.152 puestos de trabajo. Según precisa el documento del CEPA, la sangría de puestos laborales golpeó con mayor saña a la administración descentralizada en términos absolutos, seguida de cerca por el desmantelamiento sistemático de las empresas estatales, las sociedades de economía mixta y los organismos centralizados que brindan servicios esenciales a la comunidad.

Correo Argentino a la cabeza del desmantelamiento de empresas públicas

Al desglosar la arremetida libertaria por unidades productivas y empresas del Estado, el caso más dramático en términos absolutos se focaliza en las instalaciones del Correo Argentino. La emblemática compañía postal lidera el ranking del ajuste con un total de 5.687 trabajadoras y trabajadores despedidos o expulsados mediante esquemas de retiro forzoso, afectando la conectividad soberana y la distribución de correspondencia y encomiendas en cientos de pueblos e intendencias de todo el país.

El ranking del vaciamiento continuó con el drástico recorte perpetrado en la Operadora Ferroviaria (SOFSE), que sufrió la cesantía de 4.426 empleados, resentimiento severamente el mantenimiento y las frecuencias del transporte público ferroviario. Por su parte, el Banco de la Nación Argentina perdió 2.379 puestos de trabajo en medio de las persistentes intenciones oficialistas de privatizar la banca pública de fomento, mientras que la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, contabilizó la eliminación de 1.969 empleos, poniendo en riesgo la conectividad federal.

En términos proporcionales, el golpe más feroz y represivo contra los medios públicos se concentró en la ex agencia de noticias estatal Télam, donde la gestión libertaria barrió con el 79,1% de su plantilla histórica de periodistas, fotógrafos y administrativos. Un desguace similar sufrieron firmas estratégicas como Educar S.E., la plataforma Contenidos Públicos S.E. y la tradicional Casa de la Moneda, registrando reducciones de personal drásticas que amenazan la soberanía cultural, educativa y monetaria de la Nación.

Barredora en los organismos de asistencia social, ciencia y recaudación

La motosierra de la administración central no se detuvo en las empresas de servicios y extendió su embestida hacia las áreas fundamentales de la Administración Pública Nacional (APN), golpeando fuertemente a los organismos desconcentrados y descentralizados que atienden las necesidades cotidianas de la sociedad. En este terreno, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) encabezó las cesantías absolutas con la eliminación de 3.521 puestos laborales.

Asimismo, en una muestra de insensibilidad hacia los sectores más vulnerables y los jubilados, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sufrió la pérdida de 3.053 trabajadores, provocando el cierre de delegaciones operativas y la paralización de la atención al público en numerosos municipios del interior. En paralelo, la ciencia argentina recibió un embate histórico con la expulsión de 2.971 científicos, becarios y administrativos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), desmantelando el aparato de innovación nacional.

En lo relativo al impacto proporcional en la APN, la mayor devastación recayó sobre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales —organismo clave para el diseño de ayuda comunitaria—, que perdió un escalofriante 63,1% de su personal. El ranking de la destrucción institucional lo completan la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), golpeada con una poda del 53% de su dotación, y el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), que padeció el despido del 46,6% de sus agentes dedicados al fomento de cooperativas y mutuales.

La contracara de la crueldad libertaria en la Provincia y los Municipios

Esta masiva destrucción del empleo público y el consecuente vaciamiento de las funciones esenciales del Estado responden a una dogmática búsqueda de equilibrio fiscal a costa de las familias trabajadoras y el desarrollo soberano de la Patria. Mientras la Casa Rosada festeja los despidos masivos y la parálisis de los servicios públicos nacionales, las provincias y los municipios se ven obligados a absorber las dramáticas consecuencias sociales del desamparo libertario.

Esta política de crueldad y abandono contrasta frontalmente con la concepción de la función pública que sostienen los gobiernos dedicados a defender al pueblo: la gestión de la provincia de Buenos Aires liderada por Axel Kicillof y el municipio de Bahía Blanca conducido por el intendente Federico Susbielles. Frente al vaciamiento del Estado nacional, Kicillof y Susbielles reafirman el valor de la inversión pública, la protección de los puestos de trabajo y la presencia territorial de las instituciones para cuidar la salud, la educación, la ciencia y la dignidad de cada familia bonaerense.