El escandaloso operativo montado con la complicidad del Gobierno nacional para concretar la huida hacia Estados Unidos de Flávio Bolsonaro y su grupo familiar sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de alta gravedad institucional. La empresa de aviación privada Baires Fly S.A., contratada para realizar el traslado aéreo del senador brasileño, se encuentra bajo investigación judicial en el marco de la causa que analiza un presunto esquema de lavado de activos vinculado a las contrataciones de la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según consta en el reporte oficial emitido por la Dirección Nacional de Migraciones, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22:50 a través del paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones. La comitiva estuvo integrada por su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus dos hijas, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes ingresaron con documentación hábil y sin impedimentos legales de tránsito según la autoridad de aplicación.

Posteriormente, la familia abordó en el aeropuerto de Puerto Iguazú una aeronave jet modelo Gulfstream G400 perteneciente a la firma Baires Fly S.A., con destino a la ciudad de Miami y una escala técnica de reabastecimiento en Guayaquil, Ecuador. Tras la confirmación del itinerario aéreo, el foco de la atención pública viró hacia la delicada situación judicial que afronta la compañía aeronáutica en los tribunales federales del país.

Maniobras financieras y sospechas de lavado en la ANDIS

La firma Baires Fly S.A. aparece formalmente mencionada e investigada en el expediente de la causa ANDIS por su presunta participación en un circuito de circulación de fondos sospechados de lavado de activos. La hipótesis que manejan los investigadores judiciales apunta a un entramado financiero alimentado por recursos que habrían provenido de droguerías y proveedores del sector farmacéutico beneficiados con contrataciones irregulares durante la vigencia de la agencia oficial.

Las actuaciones tramitadas ante la Justicia buscan establecer el alcance de las operaciones comerciales de la empresa y determinar las responsabilidades penales de sus directivos. Si bien la presencia de la compañía en el expediente no implica por el momento una responsabilidad penal atribuida de manera directa sobre el vuelo de Bolsonaro ni establece un nexo directo entre su huida y los manejos de la ANDIS, la coincidencia vuelve a salpicar el accionar del Poder Ejecutivo.

Mientras el Gobierno de Javier Milei dispone recursos de seguridad y facilita la infraestructura para el beneficio de aliados políticos del arco conservador internacional y firmas investigadas por la Justicia, la gestión de la provincia de Buenos Aires que conduce Axel Kicillof y el municipio de Bahía Blanca encabezado por Federico Susbielles priorizan la transparencia institucional, la contención social y el funcionamiento eficiente de los servicios públicos al servicio de las necesidades de la comunidad.