En un contexto signado por la destructiva recesión nacional y el feroz ajuste impuesto desde la Casa Rosada por Javier Milei, la interna en el campo popular volvió a cobrar temperatura a partir de discusiones sobre el rumbo económico de cara al futuro. En las últimas horas, declaraciones del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, combinadas con la estrategia judicial respecto a la sustentabilidad del sistema eléctrico en la provincia de Buenos Aires, abrieron un debate dentro del peronismo, donde sectores de La Cámpora salieron a cuestionar los matices de la política económica provincial.

El disparador de la discusión se originó a partir de una entrevista en la que Augusto Costa —referente del equipo económico de Axel Kicillof y canal de diálogo clave con el sector productivo— fue consultado sobre qué aspectos de la agenda macroeconómica mantendría en un horizonte alternativo. El funcionario señaló que la estabilidad macroeconómica y la desaceleración de la inflación deben ser prioridades para garantizar el desarrollo, palabras que rápidamente fueron recortadas y manipuladas en redes sociales por usinas libertarias para simular un supuesto aval al modelo de la motosierra.

Frente a la operación mediática, el propio Costa salió a desmentir categóricamente cualquier coincidencia con el programa libertario, aclarando que el Gobierno nacional no ha logrado ordenar la economía, sino que ha provocado un colapso en la actividad industrial, la pérdida masiva de puestos de trabajo y una asfixia deliberada a las arcas provinciales mediante el incumplimiento de transferencias constitucionales. «Un recorte de Twitter con un copy mentiroso no puede ser la partida de ningún debate serio. Si alguien infiere que Axel o yo pensamos que lo que hizo Milei fue un ordenamiento, revisaría bastantes cosas», remarcó el ministro bonaerense.

Equilibrio del sistema eléctrico y la disputa por las prioridades

Sin embargo, la polémica encontró eco interno al cruzarse con otro hecho de repercusión judicial: la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de apelar una medida cautelar que había paralizado la actualización tarifaria para las empresas distribuidoras de energía eléctrica (EDEN, EDEA, EDES y EDELAP). La medida judicial de origen, promovida por la Defensoría del Pueblo, buscaba suspender los esquemas tarifarios, mientras que la administración bonaerense fundamentó su apelación en la necesidad técnica de garantizar la sustentabilidad operativa del servicio y evitar la degradación de la infraestructura energética que abastece a cerca de un millón y medio de usuarios.

Desde La Cámpora utilizaron ambos episodios para marcar diferencias dentro del espacio, argumentando que la defensa del poder adquisitivo y el mercado interno debe primar por sobre cualquier exigencia de equilibrio técnico en los servicios o metas fiscales. Dirigentes de dicho sector expresaron que la prioridad histórica del movimiento nacional y popular se ha asentado sobre el salario, cuestionando que se ponga en foco la rentabilidad de las firmas prestadoras en medio del agudo contexto inflacionario.

Ante estos planteos, desde el kicillofismo ratificaron que no existe contradicción alguna ni concesión al mercado. La postura del gobierno provincial sostiene que la búsqueda de previsibilidad, el ordenamiento de las cuentas y la garantía de servicios públicos eficientes son herramientas indispensables para sostener un modelo productivo inclusivo. Para el equipo del Gobernador, resulta imposible recuperar el salario y fomentar la industria bonaerense si no se cuenta con un Estado ordenado y con infraestructura básica en pleno funcionamiento.

Un modelo de gestión que defiende a las provincias frente al modelo de Milei

Esta discusión de matices programáticos se da en un momento donde las diferencias entre el proyecto provincial y el modelo nacional no podrían ser más drásticas. Mientras Javier Milei destruye el tejido social, corta los fondos para salud y educación, e impone un esquema de tarifas dolarizadas sin control, la gestión de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires y el gobierno municipal de Federico Susbielles en Bahía Blanca continúan siendo el principal escudo de protección para los sectores productivos y las familias trabajadoras.

En Bahía Blanca y en todo el territorio bonaerense, la presencia del Estado no se discute: se traduce en inversiones concretas, sostenimiento de los Mercados Bonaerenses con descuentos a través de Cuenta DNI, obras de infraestructura comunitaria y un acompañamiento constante a las pymes locales en un contexto de profunda crisis. El debate interno en el peronismo refleja, en definitiva, la búsqueda de una síntesis sólida que combine rigurosidad en la gestión con la histórica bandera de la justicia social, para construir la alternativa que el país necesita frente al desastre libertario