En una revelación que desnudó los severos límites estructurales del esquema económico que intenta imponer el gobierno nacional de Javier Milei, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, reconoció públicamente que las grandes inversiones mineras no logran derrramar sus beneficios hacia el conjunto de la sociedad. A pesar de los multimillonarios beneficios otorgados a las corporaciones extractivas, el estancamiento de la economía real, la parálisis del consumo y la destrucción del mercado interno amenazan con erosionar la aceptación social de estas actividades en los territorios.

Durante su intervención en el Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial de Córdoba, el mandatario catamarqueño expuso una contradicción que incomoda al relato oficialista de la Casa Rosada. «Hoy la gente no está en contra de la minería. No hay barreras en Catamarca. Pero si no crece la economía, tenemos un inconveniente», advirtió Jalil, dejando al descubierto que la multiplicación de exportaciones primarias y el enclave de capitales extranjeros no garantizan por sí solos una mejora en el ingreso familiar, la creación masiva de puestos de trabajo ni la reactivación de las pymes locales.

La confesión del mandatario provincial puso el dedo en la llaga del modelo libertario: la actividad minera puede batir récords de producción o de atracción de inversiones especulativas, pero resulta incapaz de arrastrar al resto de los sectores productivos golpeados por la recesión. En un escenario donde el comercio de barrio, la industria manufacturera y la construcción se encuentran devastados por las políticas de ajuste de Milei, el crecimiento de unos pocos sectores primarios convive de manera dramática con la pérdida de empleo y el deterioro del poder adquisitivo del pueblo argentino.

Exenciones impositivas para las corporaciones y ahogo a las pymes

Pese a admitir que las ganancias mineras no llegan al bolsillo de la gente, Jalil volvió a alinearse con la agenda del Gobierno nacional al defender fervorosamente el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), reclamando incluso que sus beneficios extraordinarios se conviertan en una política permanente. Acompañó además la propuesta del gobernador cordobés Martín Llaryora para intentar crear un régimen similar destinado a las pequeñas y medianas empresas, reconociendo implícitamente que las pymes fueron totalmente ignoradas por el esquema económico oficialista.

«El RIGI ha sido muy bueno y debe ser permanente, pero también debe haber uno para las pymes y no tener diferencias con las grandes empresas», sostuvo Jalil. Sin embargo, su propio anuncio provincial desnudó una profunda paradoja: mientras las pymes y los comercios sufren la presión tributaria y la caída drástica de las ventas, el gobernador catamarqueño confirmó que a partir de 2027 las empresas mineras tendrán una alícuota de Ingresos Brutos del cero por ciento en Catamarca, profundizando las exenciones fiscales para los grupos económicos más concentrados.

Aunque el mandatario justificó la medida argumentando que las provincias incrementan sus arcas mediante el cobro de regalías y la creación de un fideicomiso para financiar obras de infraestructura, la realidad demuestra que la falta de encadenamientos productivos y el escaso desarrollo de proveedores locales dejan las ganancias en manos de unos pocos, mientras las comunidades sufren la falta de servicios básicos y el encarecimiento del costo de vida.

Equilibrio fiscal dogmático versus el desarrollo real que sostienen Provincia y Municipio

Jalil defendió también la doctrina del superávit y el equilibrio fiscal estricto propuesta por el Ministerio de Economía de la Nación como una política permanente. No obstante, su propia advertencia sobre la parálisis económica expuso las fisuras inevitables de la disciplina fiscal cuando se aplica mediante el recorte desalmado de partidas sociales, la parálisis de la obra pública y el congelamiento de salarios y jubilaciones.

El modelo extractivista promovido por la Casa Rosada, que prioriza las ventajas impositivas para grandes capitales financieros mientras ahoga al pueblo trabajador, contrasta fuertemente con el proyecto de desarrollo integral y justicia social que se impulsa en la provincia de Buenos Aires a través del gobernador Axel Kicillof y en la ciudad de Bahía Blanca mediante el intendente Federico Susbielles.

En el territorio bonaerense y bahiense, la gestión pública se enfoca en sostener el mercado interno, promover la industria nacional con valor agregado y garantizar herramientas de ahorro directo como las promociones de Cuenta DNI y los Mercados Bonaerenses. La lección de Catamarca es clara: sin un Estado presente que distribuya la riqueza, proteja a la pyme y defienda el salario de las familias, ningún enclave primario ni promesa de inversión privada podrá tapar las consecuencias del modelo de miseria planificada impulsado por el Gobierno nacional.