En la antesala del debate parlamentario por el nuevo Régimen Penal Juvenil, el juez catamarqueño Rodrigo Morabito publicó una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei. Con duras definiciones, cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y advirtió que el sistema penal “llega siempre tarde” frente a historias de abandono y exclusión.

A días de que el Congreso de la Nación inicie el tratamiento del proyecto de Régimen Penal Juvenil en sesiones extraordinarias, una voz del propio sistema judicial irrumpió con fuerza en el debate público. Se trata del juez Rodrigo Morabito, integrante de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, quien difundió una extensa carta abierta dirigida al presidente Javier Milei con una crítica directa a la iniciativa oficial de bajar la edad de imputabilidad.

El proyecto impulsado por el Gobierno propone reducir la edad penal de los actuales 16 años a 14, e incluso contempla alternativas que la llevarían a 13 o 12 años. La discusión se da en un clima de fuerte sensibilidad social, atravesado por hechos de violencia protagonizados por menores y una demanda creciente de respuestas estatales.

En ese contexto, Morabito planteó que la reforma pone el foco en el castigo y no en las causas profundas de la criminalidad juvenil. Desde su experiencia de más de 15 años en el fuero y su rol académico como profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Catamarca, el magistrado sostuvo que la Justicia suele recibir a los adolescentes cuando el daño ya está consumado.

“El Estado llega tarde”

En su carta, Morabito describe con crudeza el escenario que observa a diario en los tribunales. “Cuando el Estado llega por primera vez a la vida de estos adolescentes, casi siempre lo hace a través del castigo. Y llega tarde”, afirmó.

Lejos de justificar delitos o minimizar el sufrimiento de las víctimas, el juez aclaró que su postura no desconoce el dolor irreparable que dejan los hechos violentos. Sin embargo, advirtió que centrar la discusión únicamente en la edad de imputabilidad corre el riesgo de simplificar una realidad atravesada por el abandono estatal, la expulsión escolar, la violencia intrafamiliar y el consumo problemático de drogas.

“El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar a tiempo. La cárcel no devuelve lo que la infancia perdió”, señaló en uno de los pasajes más contundentes del texto.

Críticas a la baja de la edad de imputabilidad

Para Morabito, la reducción de la edad penal puede generar una “sensación inmediata de respuesta”, pero no garantiza una disminución real de la violencia ni una solución de fondo. Según explicó, ampliar el alcance del sistema penal juvenil solo profundiza un esquema que ya demostró sus límites.

“En los tribunales no vemos enemigos. Vemos historias de abandono acumulado”, escribió, al tiempo que alertó sobre el riesgo de convertir al sistema penal en la primera —y muchas veces única— presencia del Estado en la vida de niños y adolescentes.

En ese sentido, remarcó que proteger a la sociedad no implica únicamente sancionar, sino evitar que el daño ocurra. Para ello, reclamó políticas públicas sostenidas en educación, salud, contención comunitaria y acompañamiento temprano.

Un llamado a la reflexión política

La carta, dirigida de manera personal al Presidente, concluye con un llamado a reflexionar sobre el rol del Estado en las infancias más vulnerables. “La respuesta no está en castigar más temprano. La respuesta está en no abandonar tan temprano”, expresó el magistrado.

El pronunciamiento de Morabito se suma a otras voces críticas —provenientes del ámbito judicial, académico y de organizaciones sociales— que cuestionan el enfoque punitivo del proyecto oficial y reclaman un abordaje integral del Régimen Penal Juvenil.

Mientras el Congreso se prepara para abrir el debate, la misiva del juez vuelve a poner en el centro una pregunta incómoda: si el endurecimiento penal alcanza para resolver un problema que se gesta mucho antes de llegar a los tribunales.