Una investigación periodística ha destapado una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un escándalo que no solo afecta al entorno más cercano del gobierno de Javier Milei, sino que también pone de relieve una serie de contratos multimillonarios con la droguería Suizo Argentina. El caso, que ha escalado hasta involucrar a la hermana del presidente, Karina Milei, y a la familia Menem, ha generado un profundo revuelo en la opinión pública.

Según la información revelada, la magnitud de la corrupción en la ANDIS equivaldría a «dos presupuestos anuales» del Hospital Garrahan, un monto que habría quedado en manos de un selecto grupo de personas, entre las que se encuentran la familia Kovalivker, dueña de la droguería en el centro de la polémica, la familia Menem, el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y la propia Karina Milei. El escándalo se hizo público tras la filtración de audios de Spagnuolo, lo que derivó en allanamientos y una investigación judicial a cargo del juez Julián Ercolini.

La Trama Empresarial y Política

En el corazón de la investigación se encuentran los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, principales accionistas de la droguería Suizo Argentina, una de las empresas más grandes del país en el rubro de distribución de insumos médicos. La denuncia penal presentada por el abogado Alejandro Sebastián Díaz Pascual vincula a esta droguería con la familia Menem y acusa al organismo de haber realizado compras por casi 30 mil millones de pesos sin la correspondiente licitación pública. La denuncia señala que Suizo Argentina, dueña de la plataforma «Farmaonline», comercializa productos de la marca «Gentech» de Martín Menem, lo que añadiría un componente adicional de conflicto de interés.

La red de negocios se extiende a otros ministerios. Los «Menem» son señalados como los «lobistas» que articularon los acuerdos para que la droguería se hiciera con contratos en carteras como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y la Policía Federal Argentina, dirigidas respectivamente por ex funcionarios, Luis Petri y Patricia Bullrich. Los montos de las contrataciones con el Estado son asombrosos, sumando un total de más de 240 mil millones de pesos, evidenciando la magnitud de las operaciones comerciales.

La Respuesta de la Justicia y el Impacto Político

La denuncia del abogado Díaz Pascual, que detallaba la corrupción en la ANDIS, fue presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal y, según la información disponible, el juez Ercolini ordenó su archivo el 28 de marzo de 2025 por «inexistencia de delito». Esta resolución judicial contrasta con la gravedad de las acusaciones y la evidencia de las millonarias contrataciones.

El caso ANDIS se ha convertido en el principal desafío para la narrativa de «anti-casta» del presidente Milei, quien en el pasado ha tenido declaraciones contundentes sobre la corrupción. Sus promesas de «ponerle un cañonazo en la cabeza» a quien tuviera «la mano en la lata» contrastan con el presunto involucramiento de su círculo más íntimo. Las declaraciones pasadas de Milei sobre la «discrecionalidad» y el riesgo de que la corrupción afecte a los «hermanos» resuenan con fuerza en este contexto.

El escándalo, que se suma a la controversia por el vaciamiento de la Agencia de Discapacidad y la falta de recursos para personas con discapacidad, ha encendido las alarmas sobre la estabilidad económica y la confianza en las instituciones. Mientras los políticos cambian, los mismos empresarios parecen continuar con los negocios que han caracterizado la política argentina, un ciclo de corrupción que, según la fuente, «puede desestabilizar nuestra economía y nuestro país». El caso ANDIS no es solo un hecho de corrupción más, sino un recordatorio de cómo la falta de transparencia en los negocios del Estado puede tener consecuencias directas y graves en la vida de los ciudadanos.