El vocero presidencial confirmó la retención de recursos de asignación específica para sostener el equilibrio fiscal.

El Poder Ejecutivo nacional reconoció públicamente la retención de los recursos recaudados a través del impuesto a los combustibles, un tributo creado por ley con asignación específica para el mantenimiento y financiamiento de la red vial nacional. La admisión oficial estuvo a cargo del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien confirmó que el Ministerio de Economía desvía una parte sustancial de esos fondos hacia rentas generales con el objetivo de sostener el superávit fiscal.

La maniobra, revelada mediante una investigación periodística firmada por Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, expuso que la administración central recaudó más de 1,5 billones de pesos ($1.503.252 millones) mediante este gravamen desde el inicio del mandato de Javier Milei. Sin embargo, el Estado nacional destinó únicamente $394.406 millones a obras de reparación y conservación de rutas, lo que representa una subejecución presupuestaria acumulada del 73,8%.

En declaraciones brindadas a El Diario de La Pampa, Ravier intentó matizar el impacto de la medida al señalar que una porción de lo recaudado sí se destina al destino fijado por ley, aunque admitió la imposibilidad de precisar los montos exactos y reconoció que los excedentes son retenidos por la cartera económica en el marco de la coyuntura fiscal.

La operatoria del SisVial y las colocaciones financieras

El flujo de fondos involucrado en la recaudación del combustible se administra formalmente mediante el Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso creado hace dos décadas con la finalidad expresa de evitar que el dinero aportado por los consumidores en los surtidores sea derivado a gastos corrientes.

A pesar de esa estructura legal, la ejecución de los recursos asignados al mantenimiento vial registró caídas históricas:

• Año 2024: Se ejecutó únicamente el 11,3% de lo recaudado ($40.668 millones).

• Año 2025: La ejecución alcanzó el 39% ($270.592 millones).

• Primeros cinco meses de 2026: El nivel de inversión volvió a retraerse al 18,5% ($83.144 millones).

La investigación documentó que más de 1 billón de pesos permanece inmovilizado en el Banco Nación bajo la administración directa de la cartera encabezada por Luis Caputo. Tras una fase inicial en la que los activos eran colocados a plazo fijo, el Ministerio de Economía dispuso volcar masivamente esos fondos a la adquisición de títulos públicos y Letras del Tesoro, entre los que se destacan Lecap, Boncap y Lecer.

Esta dinámica de inversión financiera fue facilitada por la reconducción del Presupuesto Nacional durante los ejercicios 2024 y 2025, lo que otorgó mayor discrecionalidad en el manejo de fondos fiduciarios. La falta de fiscalización por parte de los organismos de control formal —como la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN)— consolidó la ausencia de auditorías sobre el SisVial durante los últimos años.

Tensiones con organismos internacionales y las provincias

El desvío de los fondos específicos generó cortocircuitos tanto en el plano internacional como en el ámbito provincial. Una auditoría externa realizada sobre un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para el Programa de Corredores Logísticos de Integración detectó incumplimientos por parte del Estado argentino. El convenio establecía que la entidad financiera cubriría el 69,74% de las obras y el Tesoro nacional el porcentaje restante; sin embargo, los auditores determinaron que la contraparte local ejecutada durante 2025 fue nula (0%).

Paralelamente, el deterioro de las calzadas nacionales impulsó respuestas de los gobiernos provinciales:

• La Pampa: El gobernador Sergio Ziliotto anunció el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para crear una «Tasa Vial» aplicable a camiones de más de cinco ejes que transportan arena hacia el yacimiento Vaca Muerta, luego de que la Nación rechazara transferirle la jurisdicción de 600 kilómetros de rutas acompañados por sus correspondientes recursos impositivos.

• Santa Fe: El gobernador Maximiliano Pullaro firmó la transferencia de la Ruta Nacional A012 por un plazo de 20 años, asumiendo el financiamiento provincial de las obras.

• Córdoba: La gestión de Martín Llaryora avanza en negociaciones para asumir la administración y el mantenimiento de la Ruta Nacional 19.

• Región Patagónica: Las provincias expresaron su disconformidad ante la promulgación del Decreto N° 256, el cual facultó a nueve jurisdicciones a licitar concesiones de obra pública por peaje en rutas nacionales, en un contexto donde municipios como el de Neuquén reclaman deudas nacionales superiores a los $48.105 millones por obras paralizadas.

Impacto en la infraestructura vial y el comercio exterior

La falta de inversión en el mantenimiento de la red nacional afectó la logística del comercio internacional en pasos fronterizos clave. El Sistema Integrado Cristo Redentor, punto estratégico para el transporte terrestre hacia Chile ubicado en la provincia de Mendoza, permaneció inoperativo por casi un mes debido a la falta de despeje de nieve, generando pérdidas estimadas en más de 35 millones de dólares para el sector del transporte.

El cierre prolongado dejó a más de 3.000 camiones varados en Mendoza, obligando al desvío de unidades hacia cruces alternativos en la provincia de Neuquén. Ante la escasez de equipamiento operativo del lado argentino, las autoridades de Vialidad de Chile ofrecieron formalmente desplegar maquinaria propia en la localidad de Las Cuevas para colaborar con la remoción de nieve. Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) cuestionaron la falta de mantenimiento de los campamentos viales y la inoperatividad de la maquinaria adquirida en gestiones anteriores.