En una decisión que genera controversia, el gobierno nacional apeló el fallo judicial que exigía la entrega urgente de medicamentos a pacientes oncológicos y disolvió la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), creando un nuevo organismo, la Dinadic. La medida se produce tras denuncias de demoras que habrían causado el fallecimiento de pacientes.

El gobierno nacional ha apelado el fallo judicial que ordenaba la entrega inmediata de medicamentos a pacientes con enfermedades oncológicas y de baja frecuencia. Esta decisión se suma a la disolución, el pasado 30 de diciembre, de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), organismo encargado de la distribución de estos medicamentos, generando una fuerte polémica y preocupación entre pacientes y organizaciones de la salud. En su lugar, se creó la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic).

La apelación, presentada el 3 de enero por el abogado del Ministerio de Salud, busca revocar el fallo de primera instancia emitido por el juez Marcelo Bruno Dos Santos, del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2, que obligaba a la Dadse a la entrega urgente de los medicamentos retenidos bajo la justificación de «auditorías». Este fallo se produjo tras las constantes denuncias de pacientes sobre la interrupción en la entrega de sus tratamientos, situación que, según denuncias de organizaciones de pacientes, habría provocado el fallecimiento de 60 personas durante el 2024.

La disolución de la Dadse y la creación de la Dinadic han suscitado fuertes críticas. María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), calificó la decisión del Ministerio de Salud como consecuencia de una «política de arrasamiento» en el sistema de salud.

En la apelación, el gobierno, a través de Capital Humano, argumentó que el Ministerio de Salud de la Nación no es el garante constitucional del derecho a la salud, autoerigiéndose como «coordinador operativo» y trasladando la responsabilidad de garantizar este derecho a las provincias. Esta postura ha generado un debate sobre la responsabilidad del Estado nacional en la provisión de medicamentos esenciales y el acceso a la salud.

La situación genera incertidumbre entre los pacientes que dependen de estos medicamentos, quienes temen nuevas demoras y la interrupción de sus tratamientos. Se espera que la justicia se expida sobre la apelación en los próximos días.