En la antesala de la llegada del Papa León XIV a la República Argentina, el Gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei dictó un decreto en el Boletín Oficial mediante el cual amplió temporalmente las Reglas de Protección Aeroespacial y habilitó expresamente el uso de la fuerza militar como último recurso contra aeronaves de origen externo que sean declaradas como «hostiles». La normativa extraordinaria mantendrá su vigencia entre el 8 y el 11 de noviembre, fijando severas restricciones al tránsito aéreo comercial y una articulación directa entre mandos civiles y Fuerzas Armadas para custodiar los eventos oficiales y litúrgicos programados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y la localidad bonaerense de Luján.

La resolución oficial modifica de manera transitoria el marco de control aprobado en 2016 para las denominadas Zonas de Operaciones Restringidas TMA Baires y TMA CBA, las cuales abarcan los radios de mayor flujo aeronáutico en torno a los principales aeropuertos de la Capital Federal y la provincia mediterránea. Entre las modificaciones centrales que introduce el texto normativo, se faculta de manera directa «el uso de la fuerza por parte de los medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores de origen externo declarados ‘hostiles'».

El protocolo de uso de la fuerza y los requisitos para declarar la hostilidad

Según los lineamientos del decreto firmado por el Presidente, la aplicación del uso de la fuerza implicará la descarga del poder de fuego de aeronaves interceptoras militares contra la estructura del vector incursor. El objetivo fijado por la norma radica en anular de forma inmediata la capacidad de vuelo de la aeronave agresora e impedir que continúe su trayectoria, debiendo contemplarse de forma paralela un plan operativo que permita minimizar el riesgo de daños colaterales a vidas humanas y bienes materiales en la superficie.

Para la ejecución de una medida de extrema gravedad como el derribo, el decreto exige la comprobación fehaciente de un «acto hostil», concepto delimitado operacionalmente como un ataque armado en curso o la amenaza inminente del uso de una aeronave como arma contra la población, los intereses vitales de la Nación u objetivos estratégicos. Entre las presunciones e indicios técnicos que evaluarán las Fuerzas Armadas se encuentran la portación visible de armamento y la persistencia del vector incursor —pese a las reiteradas advertencias de radio e interceptación— en mantener una ruta, altitud o velocidad compatibles con un ataque inminente. La declaración formal de hostilidad estará bajo la responsabilidad del comandante conjunto aeroespacial.

Sin embargo, el decreto presidencial fija un estricto resguardo en la cadena de mandos: la autorización definitiva para ordenar el empleo de armas de fuego requerirá de la aprobación expresa y exclusiva del ministro de Defensa, Carlos Presti. El jefe de Estado delegó dicha potestad para el operativo en el titular de la cartera militar de manera indelegable, estableciendo que la ejecución material se canalizará a través del comando u orden operacional de las autoridades de defensa.

Protocolos diferenciados para aeronaves civiles y los tres niveles de control del espacio aéreo

La normativa contempla un tratamiento diferenciado para las aeronaves civiles matriculadas. Ante la eventualidad de que una nave comercial o privada desobedezca las indicaciones de los controladores, el procedimiento prevé su interceptación por medios militares y la orden de aterrizar de inmediato en el aeródromo que le sea asignado, aclarando las autoridades que la medida no constituye una prohibición generalizada sobre los vuelos aerocomerciales durante las jornadas del operativo. En ese marco de seguridad, el Comando Conjunto Aeroespacial asumirá la dirección operativa en coordinación constante con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo que deberá implementar los desvíos y restricciones de tránsito requeridos por la autoridad militar.

El esquema reglamentario contempla la graduación de las alertas a través de tres niveles de control del espacio aéreo sobre los servicios de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), en función del grado de amenaza detectado:

• Control por coordinación: El mando militar notifica al supervisor del servicio de navegación aérea civil para que disponga los desvíos preventivos de los vuelos comerciales fuera del área de conflicto.

• Control total bajo subordinación directa: Los controladores civiles continúan al frente de sus tareas operativas habituales, pero quedan obligados a ejecutar de forma estricta las directivas y restricciones emanadas del Comando Conjunto.

• Control total integral: Constituye la fase de máxima seguridad, mediante la cual se despeja por completo el espacio aéreo de aeronaves civiles para reservar el área de forma exclusiva a las operaciones de aviones militares, quedando la totalidad de las autorizaciones bajo el mando castrense.

La decisión final sobre el nivel de control a implementar en cada contingencia será atribución exclusiva del comandante conjunto aeroespacial según las evoluciones del escenario de riesgo.

La despliegue castrense y la sobreactuación del Ejecutivo nacional frente al respaldo de la Provincia y el Municipio

La promulgación de decretos de excepción y el despliegue militar con capacidad de derribo dispuestos por la administración nacional de Javier Milei forman parte de la impronta de sobreactuación y militarización a la que apela la Casa Rosada frente a eventos de trascendencia internacional. Mientras el Gobierno nacional destina cuantiosos recursos presupuestarios al despliegue de armamento y a la amenaza del uso de la fuerza en las alturas, la atención de las necesidades sociales y de infraestructura en tierra continúa desatendida por el ajuste central.

En contraposición a la lógica de excepción del Poder Ejecutivo nacional, la provincia de Buenos Aires conducida por el gobernador Axel Kicillof y el municipio de Bahía Blanca bajo la gestión del intendente Federico Susbielles coordinan los preparativos para la cobertura de los fieles en suelo bonaerense con una mirada comunitaria y un Estado presente. Tanto la gestión provincial como la comuna bahiense garantizan operativos sanitarios, de protección civil y de contención ciudadana sin recurrir a la lógica del estado de sitio o la exhibición de fuerza, demostrando que la verdadera seguridad republicana se edifica mediante la organización pacífica, la presencia institucional y la protección irrestricta de los derechos de la gente.