La presentación fue realizada por el Ministerio de Seguridad tras los incidentes durante la marcha por la Ley de Tierras y contempla penas de hasta 20 años de cárcel

El Gobierno Nacional formalizó una denuncia penal contra los manifestantes involucrados en los severos incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la movilización en rechazo a las modificaciones de la Ley de Tierras. A través del Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, el Poder Ejecutivo nacional solicitó la investigación de las conductas bajo la figura de «atentado agravado a la autoridad» y presuntas acciones destinadas a alterar el orden constitucional.

Según el documento remitido a la sede judicial, las personas que resultaron detenidas durante la jornada —así como aquellos participantes identificados en las imágenes del operativo— podrían enfrentar penas que alcanzan hasta los 20 años de prisión, dependiendo de la calificación legal definitiva y el grado de participación acreditado en los hechos.

Argumentos oficiales y acusación de atentado al orden constitucional

En la presentación judicial, la cartera de Seguridad encuadró el accionar de la multitud como «actos violentos y antidemocráticos» desplegados con el fin explícito de amedrentar a las instituciones públicas y obstaculizar el normal desarrollo del debate legislativo que se llevaba a cabo en el Senado de la Nación.

De acuerdo con la hipótesis planteada por los apoderados del Gobierno, las agresiones registradas hacia los efectivos policiales y la infraestructura pública buscaron generar un clima de «estrépito e intimidación pública». En ese sentido, las autoridades consideraron que la interrupción del orden buscaba condicionar de manera directa la votación de la Ley de Tierras en la Cámara Alta. A pesar de la tensión en la vía pública y del despliegue de las fuerzas federales, la sesión legislativa continuó su curso y concluyó con un resultado adverso para el proyecto impulsado por el oficialismo.

Saldo del operativo, heridos y avance en la causa judicial

La jornada de protesta dejó como saldo un elevado número de personas aprehendidas y un número estimado en 1.500 manifestantes con heridas de diversa consideración a causa de la intervención policial y los enfrentamientos en la zona del Congreso. Distintas organizaciones de derechos humanos y servicios de salud reportaron la atención de afectados por gases lacrimógenos, contusiones y lesiones por proyectiles de goma.

Con la radicación de la denuncia penal, la Justicia Federal deberá ordenar las primeras medidas de prueba para determinar las responsabilidades individuales, la revisión de cámaras de seguridad públicas y privadas, y la evaluación de las actas de detención confeccionadas por las fuerzas intervinientes. En paralelo, las defensas de los detenidos presentaron los correspondientes pedidos de excarcelación y cuestionaron la calificación penal impulsada por el Poder Ejecutivo.