Desde la Casa Rosada aseguraron que «esta decisión responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia». Además, explicaron que las tareas de la secretaría se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos o en proceso de disolución.
De esta manera, quedarán sin efecto el ProCreAr, el programa Casa Propia y el Fondo Nacional de Vivienda, aunque no se explicó qué sucederá con los préstamos y obras que se encuentran en curso. Además, estiman que podrían perderse alrededor de 500 puestos de trabajo.
La norma también reorganiza a todo el Ministerio de Economía, que quedará dividido en 14 secretarías y 31 subsecretarías, y redefine los objetivos de la Secretaría de Obras Públicas, que ahora pasará a «elaborar y ejecutar las políticas de integración socio-urbana», diseñar «proyectos de conservación, preservación, mantenimiento, construcción y reciclaje tanto edilicios como de infraestructura y espacio público» y «entender en todo lo relativo a la finalización, cierre y trasferencia de programas y proyectos en materia de desarrollo territorial, hábitat y vivienda».
