La medida buscaría priorizar a los residentes en el Área Metropolitana frente a la saturación del servicio y los problemas de frecuencia. El paquete de emergencia incluiría el uso de colectivos escolares conducidos por fuerzas de seguridad.

En medio de una crisis de transporte que no encuentra techo, el Gobierno Nacional analiza implementar una medida inédita y polémica: prohibir el uso de la red de transporte público masivo a ciudadanos extranjeros que no cuenten con radicación permanente. La iniciativa, que se aplicaría inicialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tiene como objetivo declarado «alivianar» el flujo de pasajeros en trenes, subtes y colectivos, priorizando a quienes residen y trabajan diariamente en el país.

La propuesta surge en un contexto de saturación extrema, donde las demoras y las bajas frecuencias se han convertido en la norma. Según trascendidos de reuniones técnicas entre funcionarios de la Secretaría de Transporte y el Ministerio del Interior, la idea es restringir el acceso a turistas y extranjeros con residencia temporaria. La validación del viaje se realizaría mediante el cruce de datos con la aplicación Mi Argentina o la presentación de la constancia de radicación al momento de utilizar las terminales de carga o validación.

Un paquete de medidas ante la emergencia

La restricción a extranjeros no es la única carta sobre la mesa. El Ejecutivo estudia un plan de contingencia más amplio que incluye la contratación de una flota de autobuses escolares para reforzar las líneas más críticas. Un detalle que genera controversia es que estas unidades serían conducidas por personal de Gendarmería Nacional, el Ejército o la Prefectura Naval, ante la falta de personal civil disponible para una operatividad de esta escala.

Desde los despachos oficiales reconocen que limitar el acceso a un sector de la población podría mejorar la comodidad dentro de las unidades («alivianar los viajes»), pero admiten que esto no resuelve el problema de fondo: la frecuencia.

El factor externo y la parálisis empresarial

La crisis del sistema de transporte actual tiene raíces profundas que exceden la demanda de pasajeros. El desabastecimiento de gasoil y los altos costos operativos, impulsados por el conflicto bélico en Medio Oriente, han puesto en jaque la logística nacional.

Desde el sector empresarial, en estricto «off the record», manifiestan una visión pesimista. Coinciden en que la falta de combustible es un factor exógeno difícil de sortear en el corto plazo. «No hay mucho por hacer, solo esperar que el panorama internacional aclare», señalaron fuentes del sector, dejando entrever que las medidas de restricción de usuarios son, en el fondo, paliativos superficiales ante un colapso de infraestructura y recursos.

De concretarse, la medida promete abrir un intenso debate jurídico y diplomático sobre la igualdad de trato y los derechos de movilidad, en una ciudad y un país que históricamente han integrado al turista y al residente temporal en sus servicios públicos.