A través de una serie de reformas legislativas, el Ejecutivo busca derogar las restricciones vigentes sobre el uso de suelos afectados por el fuego y eliminar los límites a la adquisición de territorios nacionales por parte de capitales foráneos.

El Gobierno Nacional confirmó la presentación de un paquete de modificaciones legales que impactarán directamente en la regulación de la propiedad de la tierra en Argentina. El objetivo central, según informaron fuentes oficiales, es «fortalecer la propiedad privada» mediante la flexibilización de normativas que actualmente restringen la comercialización y el uso de suelos en situaciones específicas.

Una de las piezas clave de esta reforma es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. Esta normativa, tras su última actualización en 2020, impone prohibiciones estrictas para realizar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias intensivas o cualquier cambio en el uso del suelo en tierras que hayan sido afectadas por incendios. Con el nuevo proyecto, el Ejecutivo busca eliminar estas trabas, permitiendo que dichas áreas puedan ser integradas nuevamente al mercado productivo o inmobiliario de manera inmediata.

Asimismo, el paquete de medidas apunta contra la Ley de Tierras Rurales. Esta ley establece actualmente que los extranjeros no pueden poseer más del 15% del territorio a nivel nacional, provincial o departamental. Además, prohíbe la venta de zonas consideradas estratégicas, como aquellas que contienen recursos hídricos o se encuentran en áreas fronterizas. La reforma prevé derogar la disposición que limita a un mismo titular extranjero a poseer un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agropecuaria, así como la cláusula que impide que una sola nacionalidad supere el 30% del territorio permitido para la venta.

Este giro normativo ha despertado un intenso debate sobre la soberanía de los recursos naturales y el riesgo de incentivar incendios intencionales con fines especulativos. Sin embargo, desde el oficialismo insisten en que estas reformas son necesarias para atraer inversiones y dinamizar el mercado de tierras, eliminando lo que consideran barreras burocráticas al derecho de propiedad.