Desde el Ejecutivo municipal aseguran que la prioridad es el avance de la causa penal que instruye el fiscal Mauricio Del Cero. Consideran que el pedido de citación de La Libertad Avanza busca espectacularizar un hecho sensible que ya cuenta con auditorías internas y protocolos de seguridad en marcha.

La gestión del intendente Federico Susbielles ha dejado clara su postura frente al faltante de 25 ampollas de fentanilo en el Hospital Municipal Leónidas Lucero: la respuesta debe ser institucional, técnica y, por sobre todo, judicial. Mientras el bloque de concejales de La Libertad Avanza (LLA) intenta trasladar el foco del conflicto al recinto del Concejo Deliberante, desde el oficialismo se mantiene la premisa de no entorpecer la investigación que lleva adelante la UFIJ N°19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

El episodio, que se inició con la denuncia del faltante de las ampollas —medicamento de uso estrictamente controlado en áreas críticas—, tuvo un giro relevante con el hallazgo de los envases vacíos en el quirófano del hospital. Para la administración municipal, este hallazgo no es una casualidad, sino el resultado de haber activado de inmediato los protocolos de seguridad y las auditorías internas pertinentes. Lejos de las acusaciones de «blindaje» esgrimidas por la oposición, el Ejecutivo sostiene que la celeridad con la que se dio intervención a la Justicia demuestra la voluntad de transparencia de la dirección del hospital, encabezada por Gustavo Carestía.

El rechazo a la citación: institucionalidad sobre el show político

El bloque de LLA solicitó la presencia del director del hospital, la jefa de Compras y la jefa de Farmacia en el Concejo Deliberante. Sin embargo, el oficialismo rechazó la iniciativa bajo el argumento de que una exposición de este tipo, en medio de una instrucción judicial en curso, solo sirve para alimentar el ruido político y no para aportar soluciones técnicas. Desde el entorno del intendente Susbielles consideran que los funcionarios deben abocar sus esfuerzos a colaborar con la fiscalía y garantizar el funcionamiento de un hospital que es referencia regional, en lugar de someterse a interrogatorios que, en la práctica, suelen derivar en chicanas partidarias.

La postura del oficialismo es coherente con la defensa de la planificación integrada de salud que el intendente viene impulsando. Cabe recordar que el presupuesto 2026 para el hospital fue resistido por los sectores libertarios, una actitud que hoy es leída desde el Palacio Municipal como una contradicción: se le retacean recursos al centro de salud y, simultáneamente, se lo ataca políticamente ante un incidente que la propia institución denunció y está investigando.

Desmontando la teoría del gasto jerárquico

Frente a las críticas por el aumento de cargos jerárquicos y los cuestionamientos a funcionarios como Facundo Arnaudo o Silvina Gerardi, desde la Secretaría de Salud y la dirección del nosocomio se ha explicado en reiteradas ocasiones que la complejidad de la medicina moderna y el crecimiento del hospital en la última década demandan una estructura administrativa sólida y profesionalizada. La modernización del estatuto y la designación de personal capacitado no responden a vínculos políticos, sino a la necesidad de gestionar una institución que atiende a miles de bahienses y que debe cumplir con estándares nacionales e internacionales de control de insumos y bioseguridad.

El intendente Susbielles ha sido enfático en que su gestión no permitirá desmanejos, pero tampoco cederá ante operaciones que buscan desprestigiar la salud pública. La aparición de las ampollas vacías en un sector de acceso restringido es, para la Justicia, un indicio clave que limita el círculo de sospecha a personal con autorización, lo que ratifica que los controles del hospital funcionaron al detectar la irregularidad y permitir el avance de la causa.

En definitiva, mientras los sectores opositores apuestan a la confrontación mediática, la gestión municipal elige el camino de la justicia y el fortalecimiento de las instituciones, confiando en que el fiscal Del Cero determine las responsabilidades materiales de un hecho que el propio hospital hizo público para garantizar la seguridad de sus pacientes y su patrimonio.