En medio de una profunda recesión económica que golpea a millones de familias trabajadoras en todo el país, un nuevo y escandaloso episodio de sospecha por favorecimiento a grupos empresariales sacude a la Casa Rosada. La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina abrió un negocio multimillonario de 8.300 millones de pesos que terminó entregado mediante una contratación directa llena de irregularidades y con los hilos manejados desde el entorno más íntimo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El operativo de infraestructura para uno de los encuentros multitudinarios del pontífice quedó en manos de DF Entertainment, la productora encabezada por Diego Finkelstein —conocido en el ámbito del espectáculo como «Diego Stress»— y que desde 2018 tiene como accionista mayoritario al gigante estadounidense Live Nation con el 51% del capital. Sin embargo, detrás del armado formal para montar escenarios, sonido, iluminación y accesos, el procedimiento licitatorio levantó fuertes suspicacias por plazos llamativamente acotados y sospechas de direccionamiento.

Según reveló el periodista Alejandro Bercovich, el Gobierno nacional convocó a solo tres productoras otorgando un plazo irrisorio de apenas siete días para presentar las propuestas técnicas y una ventana de solo 24 horas para formular consultas. Ante condiciones operativamente imposibles de cumplir para cualquier competidor sin información previa, se presentó una única oferta. La maniobra benefició a la megaempresa aliada al poder económico, cerrando un proceso sin competencia real a pesar de manejarse fondos públicos de enorme magnitud.

Dos meses de antelación y una «urgencia» armada en los despachos oficiales

Lo más llamativo del escandaloso trámite radica en la falsa urgencia invocada desde la Casa Rosada. El Ejecutivo nacional tenía conocimiento formal de la llegada del Santo Padre desde el mes de agosto, con fecha confirmada entre el 8 y el 11 de noviembre. Inclusive, el pasado 18 de agosto fue la propia Karina Milei quien encabezó una reunión oficial de coordinación de la que participaron ministros del Gabinete, autoridades eclesiásticas y funcionarios porteños.

Pese a contar con más de dos meses de margen para convocar a una licitación pública transparente y abierta, la gestión libertaria dejó correr el calendario de forma deliberada para resolver la adjudicación sobre la hora mediante una contratación directa armada a la medida de la productora ganadora. En el sector de los espectáculos señalan que esta metodología de ahogo temporal es una práctica habitual para favorecer a firmas que ya cuentan con información privilegiada y estructuras reservadas de antemano.

Foggia Group, Mara Gorini y la sombra de los negocios familiares en el Estado

El entramado de sospechas no termina en el favorecimiento a Live Nation y DF Entertainment, sino que salpica de lleno a los colaboradores directos de la hermana del Presidente. Dentro de la reducida red de empresas del sector aparece Foggia Group, la firma propiedad de Marcelo Dionisio que guarda un vínculo directo con Mara Gorini, estrecha colaboradora de Karina Milei en la estructura oficial de la Casa Rosada.

Gorini formó parte activa de la empresa Foggia antes de desembarcar en la función pública, generando un evidente conflicto de intereses con los negocios millonarios que orbitan alrededor del Gobierno nacional. Foggia ya había quedado bajo la lupa por su intento de quedarse con la concesión del predio estatal Tecnópolis por 25 años en una alianza con el consorcio integrado por DirecTV y Torneos (Grupo Werthein).

A ese antecedente se suma la denuncia difundida por portales periodísticos sobre presiones del entorno de la propia Karina Milei contra el empresario Marcelo Figoli para imponerle la contratación de una productora específica durante la organización de la exposición de la Fórmula 1, lo que obligó a trasladar el evento a La Rural.

Motosierra para el pueblo y contratos millonarios para los amigos del poder

Mientras la gestión nacional paraliza la obra pública, le niega fondos a las universidades, ajusta los haberes previsionales y elimina medicamentos gratuitos para jubilados, la billetera del Estado se abre sin trabas cuando se trata de contrataciones directas para empresarios cercanos al poder político.

Esta utilización de los recursos públicos contrasta fuertemente con la administración que se lleva adelante en la provincia de Buenos Aires bajo la conducción del gobernador Axel Kicillof y en la ciudad de Bahía Blanca a través del intendente Federico Susbielles, donde las prioridades de gobierno están enfocadas en sostener la contención social, defender el salario, dinamizar la economía real y garantizar el bienestar de la población frente al brutal ajuste nacional.

El desembarco de León XIV convocará a una multitud de fieles en busca de esperanza, pero la contienda por el negocio millonario de la infraestructura dejó en evidencia, una vez más, que la «batalla contra la casta» pregonada por el Gobierno se detiene en las puertas de los despachos donde se firman los contratos multimillonarios de la Casa Rosada.