Endurecen las Penas: El Nuevo Código Penal que Castiga el Odio y la Discriminación, Incluyendo Redes y la IA

Last Updated: 17 de octubre de 2025By

Un proyecto de reforma del Código Penal, elaborado en colaboración con la DAIA y la AMIA, busca establecer penas de hasta nueve años de prisión para quienes promuevan el odio y la persecución por motivos racistas, xenófobos o religiosos. La iniciativa pone especial foco en la propagación de estos discursos en el ámbito digital.

El debate sobre la reforma del Código Penal ha cobrado una nueva dimensión con la inclusión de delitos específicos contra el odio y la discriminación, una medida que responde a la necesidad de actualizar la legislación frente a las nuevas formas de agresión y propagación de discursos violentos en la era digital.

El proyecto de ley, en cuya elaboración participaron activamente entidades como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), establece un marco punitivo más severo y amplio para combatir estas conductas. La iniciativa es un paso significativo para equiparar la legislación argentina con estándares internacionales en la lucha contra los crímenes de odio.

 

Penas por Incitación y Agresión

 

La propuesta central fija penas de tres a nueve años de prisión y multa a quien, por cualquier medio, «agreda, promueva, aliente o incite, a la persecución, al odio de una persona humana o jurídica, un grupo o asociación con motivación racista, xenófoba o religiosa».

El texto legal no solo se enfoca en las acciones físicas, sino que amplía la esfera de la ley al castigar la conducta de quienes:

  1. Difundan, fomenten o promuevan el odio de manera pública, directa o indirecta, utilizando herramientas modernas como las redes sociales, sitios web, inteligencia artificial u otros medios electrónicos.
  2. Produzcan, elaboren, faciliten, distribuyan o tengan en su poder material (escritos, grabaciones, imágenes, soportes informáticos o de IA) cuyo contenido sea idóneo para difundir, fomentar o incitar públicamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia.

Esto supone una actualización crucial, ya que el ciberodio o la propagación masiva a través de plataformas digitales y tecnologías como la IA, pasan a ser delitos con penas de prisión que buscan actuar como una verdadera «tolerancia cero» ante la discriminación.


 

Agravantes: De Nueve a Doce Años de Cárcel

 

El proyecto de ley prevé un fuerte agravamiento de las penas, que pueden elevarse de tres a doce años de prisión, cuando concurran determinadas circunstancias que denotan mayor gravedad en el hecho. Estas circunstancias son:

  • Participación de Funcionarios Públicos: Si en el delito interviene un funcionario o empleado público en ejercicio o con motivo de sus funciones. Este agravante busca sancionar la instrumentalización del poder del Estado para cometer o facilitar actos de odio.
  • Habitualidad: Si la conducta de incitación, agresión o difusión de material de odio se realiza de manera habitual.
  • Concurrencia de Personas: Si en el hecho intervienen tres o más personas, asimilando la conducta a una asociación destinada a estos fines.

Además, el espíritu de la reforma se extiende a ser un agravante general en cualquier otro ilícito. El texto establece que cualquier delito será agravado (elevando su escala penal hasta un tercio) cuando este se cometa con el objeto de discriminar, ofender, dañar o perjudicar a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

 

El Rol de la DAIA y la AMIA

 

La participación de la DAIA y la AMIA en la elaboración del articulado subraya la importancia de la experiencia histórica y la lucha de estas comunidades contra el antisemitismo y la discriminación. Su aporte busca garantizar que la ley sea efectiva y aborde de forma integral los mecanismos contemporáneos de propagación de la intolerancia.

En un contexto donde la Ley 23.592 (Ley Antidiscriminatoria) ya penaliza ciertos actos discriminatorios y permite elevar penas en otros delitos si hay motivación discriminatoria, este nuevo proyecto busca crear un título específico y autónomo en el Código Penal para los delitos de odio, con un fuerte enfoque en el ciberespacio, marcando un precedente en el ámbito penal argentino.