La decisión del Gobierno de establecer un esquema de «retenciones cero» temporal sobre las exportaciones agroindustriales desató un escándalo de proporciones en el sector. Productores y analistas denuncian que las grandes cerealeras y aceiteras, con acceso privilegiado a la información, se anticiparon a la medida oficial para registrar ventas masivas en solo tres días. La maniobra les habría permitido embolsar la mayor parte del beneficio fiscal, dejando a los productores con un aumento de precios mucho menor al esperado y generando un costo fiscal multimillonario para el Estado.

La ventana de «retenciones cero» decretada por el Poder Ejecutivo, que buscaba incentivar la liquidación de granos para sumar divisas urgentes a las reservas del Banco Central, se cerró abruptamente tras alcanzar un cupo de USD 7.000 millones. Sin embargo, en lugar de generar un alivio equitativo, la medida ha provocado una profunda indignación en el sector agropecuario, donde se multiplican las denuncias sobre un presunto negocio diseñado para beneficiar a unos pocos.

 

La Denuncia de la Anticipación

 

La principal acusación, sostenida por referentes del sector y analistas económicos, apunta a que las grandes empresas aceiteras y cerealeras multinacionales habrían tenido información privilegiada sobre la inminente publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que oficializaba la quita de retenciones.

La prueba más contundente es la velocidad récord con la que estas empresas cargaron sus Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). En solo 72 horas, las grandes exportadoras —lideradas por firmas como Cargill, Bunge, COFCO y Viterra— acapararon prácticamente la totalidad del cupo de USD 7.000 millones. El 90% de estas liquidaciones fue concretado por los seis principales exportadores.

«Las cerealeras se apuraron viendo esto que aparte fuman bajo el agua y que tienen todos los contactos, también en Estados Unidos, porque son empresas multinacionales», señalan voceros del sector, insinuando que el anuncio fue filtrado o que contaban con mecanismos para «madrugar» al mercado.

 

El Margen que No Llegó al Productor

 

La maniobra generó un doble perjuicio: un gigantesco costo fiscal para el Estado (la renuncia a recaudar impuestos de estas exportaciones) y una ganancia extraordinaria que fue capturada casi íntegramente por las exportadoras en lugar de trasladarse al productor.

En una mecánica conocida como «pase de retenciones», las exportadoras se quedaron con la diferencia entre la rebaja total del impuesto y lo que realmente se trasladó a los precios internos. Si bien el precio de los granos en el mercado interno subió, el aumento no reflejó el total de la quita de retenciones. Se estima que, mientras la eliminación de la retención debería haber incrementado el precio en un 35%, el aumento real para el productor solo rondó el 15%. El margen de diferencia fue embolsado por la industria concentrada, lo que representa una superganancia en solo tres días.

Además, los productores más pequeños y medianos, que no tienen la capacidad de especular y vender «bajo el agua», se vieron nuevamente desfavorecidos. La bronca es generalizada porque se sienten víctimas de una «estafa» o un «negocio» diseñado para favorecer a las grandes corporaciones que ofrecieron la liquidez de los USD 7.000 millones que el Gobierno necesitaba desesperadamente para cubrir el rojo de reservas.

 

Registración de Granos «Futuros» y la Especulación

 

Otro punto de la controversia, que «ensucia el mercado» según referentes del agro, es que las cerealeras y aceiteras registraron DJVE por granos que aún no tienen comprados. La ley les permite especular al registrar exportaciones y luego tener hasta 180 días para salir a comprar esa mercadería al productor.

Al anotar los USD 7.000 millones en tres días y agotar el cupo, las empresas se aseguraron poder comprar los granos a un precio descontado más tarde, ya que las retenciones volverán a aplicarse a todos los demás exportadores.

En este marco, se estima que solo las cerealeras se habrían quedado con una renta de aproximadamente USD 1.700 millones proveniente de las retenciones que le descontaron al productor, pero que no pagaron al fisco. Este dinero, en lugar de oxigenar las cuentas del Estado o los ingresos del productor, se convierte en un flujo de liquidez que las exportadoras pueden utilizar para hacer «bicicleta financiera» a tasa de interés en pesos hasta las elecciones, y luego recomprar dólares para cubrirse devaluaciones futuras.

El escándalo obligó a legisladores opositores a presentar pedidos de informes al Ejecutivo, poniendo en duda la transparencia y equidad de la medida y su real impacto distributivo.