Laura Fernández, edil de La Libertad Avanza, quedó en el centro de la polémica luego de que la Justicia imputara a su esposo y a su cuñada en el marco de la investigación por el presunto desvío millonario de fondos en la Legislatura bonaerense.

Un nuevo capítulo en la causa judicial conocida como “Chocolate” Rigau ha generado un fuerte sismo político en la localidad de Berisso. En esta oportunidad, el escándalo por el supuesto desvío sistemático de fondos públicos desde la Legislatura de la provincia de Buenos Aires alcanzó al Concejo Deliberante local, poniendo bajo la lupa el entorno íntimo de una concejal perteneciente a La Libertad Avanza.

Se trata de Laura Fernández, integrante de la bancada libertaria berissense, quien se ha visto envuelta en la controversia no por acciones propias, sino por los presuntos vínculos de su círculo familiar directo con la red de corrupción investigada. De acuerdo con información revelada por el portal Ahora Berisso y basada en un informe de Ciberdenuncias, familiares de la edil forman parte de la extensa lista de más de medio centenar de imputados en el expediente penal.

Específicamente, los nombres señalados por la Justicia son los de su esposo, Antonio Javier Rodríguez, y su cuñada, Aldana Ayelén Rodríguez. Ambos estarían involucrados en la presunta maniobra fraudulenta de los “empleados fantasma”. Este mecanismo delictivo consistía en la utilización de tarjetas de débito pertenecientes a personas que figuraban como contratadas en la Legislatura, pero que en la práctica no cumplían con ninguna función real. El objetivo era realizar extracciones masivas de dinero en efectivo de cajeros automáticos, drenando así recursos del Estado provincial.

El impacto de estas revelaciones ha repercutido de manera inmediata en los pasillos del Concejo Deliberante de Berisso. Aunque es fundamental destacar que, hasta el momento, la concejal Laura Fernández no se encuentra imputada ni formalmente acusada en el expediente, la situación procesal de sus familiares directos ha desatado fuertes repercusiones políticas e institucionales en el distrito.

La investigación judicial, que ha expuesto un desvío que asciende a cientos de millones de pesos, continúa su curso en la órbita del Tribunal Oral Criminal V de La Plata. Mientras se aguarda la definición de una fecha para el inicio del juicio oral, la fiscal Viviana Arturi ya ha solicitado condenas que oscilan entre los cuatro y seis años de prisión para los principales artífices del entramado delictivo. Entre los máximos responsables apuntados por la fiscalía se encuentran el puntero político Julio Rigau y los dirigentes Claudio y Facundo Albini, acusados de orquestar y ejecutar el saqueo a las arcas públicas.

El desarrollo de esta causa mantiene en vilo a la política bonaerense, demostrando que las ramificaciones del caso «Chocolate» continúan extendiéndose y salpicando a diversos actores del escenario político provincial y municipal.