Un grave escándalo institucional y educativo estalló en la provincia de Neuquén tras salir a la luz un arbitrario mecanismo de coerción religiosa y matriculación desplegado por la conducción del colegio AMEN. La institución educativa privada, perteneciente a la familia de la senadora nacional de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, y de su padre, el pastor evangélico Hugo Márquez, comenzó a exigir a las familias de su alumnado la presentación de un comprobante de asistencia obligatoria al nuevo templo de la congregación “Jesús es Rey” como requisito excluyente para habilitar la reinscripción del ciclo lectivo 2027. La controversia se profundiza al recordar que dicho edificio fue inaugurado semanas atrás por el propio presidente de la Nación, Javier Milei, en una visita oficial con tintes de campaña política.

La maniobra salió a la luz pública a través de una revelación efectuada por el periodista Beto Valdez en sus redes sociales, donde difundió las capturas de pantalla de los correos electrónicos institucionales remitidos a los padres del establecimiento. De acuerdo a la circular emitida el pasado 2 de noviembre y suscripta por el Equipo de Conducción del colegio AMEN, se notificó a la comunidad educativa que el “primer paso” obligatorio para tramitar la reinscripción consiste en concurrir a un servicio religioso en el templo ubicado sobre la calle J. J. Lastra 3100. El instructivo incluye cronogramas, horarios de citación y un severo control de acatamiento: al finalizar la reunión, los adultos deben firmar una planilla en la galería interna y retirar la constancia física expedida por la institución, la cual debe ser presentada sin excepción ante la Mutual al momento de suscribir el convenio de matriculación.

Sin alternativas laicas y con el 100% de la masa salarial financiada por el Estado

El instructivo enviado a los padres no contempla ningún tipo de alternativa para aquellas familias que profesen otros credos o que opten por la no práctica religiosa, guardando absoluto hermetico silencio respecto a la suerte que correrán las vacantes de los estudiantes cuyos tutores se nieguen a asistir al templo evangélico. La situación reviste una gravedad particular considerando que el nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey —con capacidad para 4.000 personas e ideado como el más grande de la Patagonia— fue presentado por Milei como un bastión político contra la justicia social, en una comitiva oficial donde estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el gobernador neuquino Rolando Figueroa y la propia senadora Márquez, quien suena en los pasillos de la Casa Rosada como eventual compañera de fórmula para 2027.

La ilegalidad de la medida generó una inmediata ola de repudio entre juristas y referentes políticos de la región. El ex diputado provincial y abogado Mariano Mansilla cuestionó con severidad el doble estándar libertario y la flagrante inconstitucionalidad de la exigencia. El letrado remarcó que el colegio AMEN se sostiene con el dinero de todos los contribuyentes, al tratarse de una escuela de gestión privada subsidiada en forma total por el Estado neuquino, el cual cubre cerca de 300 sueldos docentes y sus correspondientes cargas patronales. Mansilla recordó que el artículo constitucional de Neuquén consagra expresamente el carácter laico de la educación pública y privada con financiamiento oficial, advirtiendo que condicionar la continuidad pedagógica de los niños a una ceremonia de adoctrinamiento religioso configura un acto inconstitucional e ilegal que contradice el discurso del Gobierno nacional sobre la libertad individual.

La casta libertaria y el uso del Estado frente al modelo de gestión bonaerense y municipal

El escándalo desatado en el colegio de la senadora Nadia Márquez deja al descubierto la profunda hipocresía del oficialismo nacional encarnado por Javier Milei. Mientras la narrativa libertaria ataca sistemáticamente la educación pública, pretende arancelar las universidades y promueve la privatización de los servicios esenciales, sus principales espadas legislativas se benefician directamente con subsidios estatales millonarios para sostener negocios educativos familiares y utilizarlos como centros de coerción e imposición ideológica. Este uso patrimonialista del Estado al servicio de los intereses privados del clan Márquez desmiente una vez más la supuesta lucha contra los privilegios corporativos.

Frente al avance del sectarismo, la opacidad y los abusos institucionalizados por los referentes de La Libertad Avanza en el interior del país, la provincia de Buenos Aires conducida por el gobernador Axel Kicillof y la municipalidad de Bahía Blanca impulsada por el intendente Federico Susbielles afianzan un modelo contrapuesto basado en la transparencia, el laicismo y el respeto irrestricto a los derechos de las familias. En lugar de utilizar los recursos públicos para subsidiar la prepotencia de la casta política y religiosa, tanto el Ejecutivo provincial como la gestión municipal bahiense garantizan un Estado presente que invierte recursos récord en la escuela pública, asegura la gratuidad de la enseñanza, protege la diversidad de pensamiento y construye aulas transparentes donde ningún niño es discriminado por su fe o su condición social.