La severa tensión institucional entre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Poder Ejecutivo nacional alcanzó un nuevo y grave punto de inflexión. El Tribunal de Cuentas de la provincia (TCP), con el firme respaldo de la gestión del gobernador Gustavo Melella, interpuso una acción de amparo por mora ante el Superior Tribunal de Justicia fueguino denunciando a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y a la Administración General de Puertos (AGP) por bloquear de manera sistemática los controles constitucionales sobre los recursos económicos generados por la terminal marítima de Ushuaia.

La presentación judicial fue concretada por el abogado de la Presidencia del organismo auditor, Miguel Longhitano, y el vocal de la Auditoría, Hugo Pani. En el escrito, la institución de control expuso una situación de extrema gravedad institucional: tras más de nueve meses de intervención federal desplegada por la administración de Javier Milei sobre el Puerto de Ushuaia, el órgano constitucional fueguino se encuentra impedido de acceder a la documentación contable mínima para saber cuánto dinero se recaudó, cómo se administró y en qué destino terminaron los fondos públicos de la provincia.

Apagón informativo, asfixia financiera y un desvío millonario de recursos

La falta de acceso a los libros contables afecta de forma directa las finanzas provinciales, teniendo en cuenta que la recaudación portuaria representa cerca del 94% de los ingresos totales de la Dirección Provincial de Puertos. De acuerdo a los cálculos oficiales, el ente provincial estimaba percibir más de $30.000 millones durante el ejercicio 2026, de los cuales alrededor de $25.600 millones correspondían a la operatoria marítima. Al quedar retenida esa masa crítica de dinero por las autoridades libertarias, los ingresos del organismo local se desplomaron a poco más de $5.000 millones, obligando a la provincia a utilizar fondos de reserva destinados a obras de infraestructura para abonar salarios y gastos corrientes.

La denuncia contable presentada ante el máximo tribunal provincial advierte sobre un apagón informativo absoluto respecto de las transacciones operativas. Los auditores confirmaron que no existen registros de facturación, movimientos bancarios, cobranzas ni estados de cuentas de los usuarios, como así tampoco detalles de compras, contrataciones directas, desembolsos a proveedores ni inversiones patrimoniales. Previamente, el TCP intimó al director ejecutivo de la agencia nacional, Iñaki Arreseygor, a presentar en un plazo de cinco días la nómina de cuentas, responsables autorizados y procedimientos de gasto. Ante la negativa de los funcionarios nacionales —quienes pretendieron desconocer la normativa de la Ley Provincial 50 aludiendo que la ANPYN no reconoce las facultades de fiscalización fueguinas—, la controversia quedó radicada en los tribunales para determinar las eventuales maniobras de corrupción y de retención indebida de fondos.

El saqueo libertario a las provincias frente a la solidez del modelo bonaerense y municipal

El atropello del Gobierno nacional contra los recursos del Puerto de Ushuaia y la provincia de Tierra del Fuego desnuda la vocación del presidente Javier Milei por atropellar las autonomías provinciales, apoderarse de las cajas locales y violar las constituciones jurisdiccionales para sostener su esquema centralista. Detrás del discurso del déficit cero y la desregulación, la retención ilegal de miles de millones de pesos pertencientes a la comunidad fueguina muestra cómo la administración libertaria apela a la opacidad y a la apropiación de recursos del interior para disimular la crisis de su programa económico.

En la vereda opuesta a este atropello institucional, la provincia de Buenos Aires conducida por el gobernador Axel Kicillof y el municipio de Bahía Blanca gestionado por el intendente Federico Susbielles consolidan un modelo contrapuesto basado en el federalismo, la transparencia absoluta y la defensa irrestricta de las economías regionales. Frente al chantaje y la asfixia presupuestaria aplicados por la Casa Rosada, tanto la gestión provincial bonaerense como el Ejecutivo local bahiense reafirman diariamente el valor de las terminales portuarias públicas al servicio del desarrollo productivo, garantizando la reinversión de la renta soberana en infraestructura vial, salud pública y contención para las familias trabajadoras.