El Juzgado Federal 1 penalizó a La Libertad Avanza por no presentar el informe de gastos de las elecciones de octubre de 2025. Se retendrán fondos públicos mientras crecen las sospechas sobre el manejo del dinero y la diputada se defiende de las acusaciones.

Un fuerte cimbronazo político sacude a la provincia de Corrientes tras la reciente decisión del Juzgado Federal 1. La Justicia resolvió sancionar al partido La Libertad Avanza (LLA) por el incumplimiento en la presentación del informe final de campaña correspondiente a las elecciones generales celebradas el 26 de octubre de 2025. La medida judicial no solo impone un castigo económico, sino que pone bajo la lupa la transparencia de la fuerza política en el distrito.

De acuerdo a la resolución, la Justicia Electoral estableció una multa equivalente al 20 por ciento de los aportes públicos destinados al funcionamiento del partido. Además, dispuso la suspensión preventiva de todos los fondos estatales hasta que la agrupación regularice su situación contable. El expediente señala que el espacio libertario incumplió con la obligación legal, estipulada en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (26.215), de rendir cuentas sobre el origen y el destino de los recursos utilizados durante el último proceso electoral.

Ante este escenario, el tribunal intimó formalmente a los apoderados del partido en la provincia —Laura Romina Peralta Marcoré, David Moulin y José María Oderda— a presentar la documentación faltante en un plazo máximo de 15 días. De no cumplir con este ultimátum, el partido se expone a perder de manera definitiva el acceso a los fondos públicos, un golpe financiero significativo para el armado local. La resolución ya fue notificada tanto a la Dirección Nacional Electoral como a la Cámara Nacional Electoral.

El impacto político de la medida fue inmediato, reavivando severos cuestionamientos sobre el manejo de los recursos dentro de las filas libertarias y apuntando los focos hacia las principales figuras del espacio. En medio de la controversia, el nombre de Virginia Gallardo quedó en el centro de las críticas, lo que provocó una rápida y contundente reacción por parte de la legisladora.

Visiblemente molesta por las versiones circulantes, Gallardo buscó despegarse del conflicto financiero y apuntó contra sus detractores. “No sé qué es esta campaña sucia nuevamente. Yo no manejo fondos, no me quedé con nada. Mi campaña fue de las más austeras. Que se investigue y dejen de querer perjudicarme con cosas falsas”, sentenció.

A pesar de sus declaraciones en un intento por aclarar su posición, la falta de los balances oficiales mantiene abierto el interrogante. El escándalo financiero en Corrientes representa un desafío para La Libertad Avanza, una fuerza que construyó parte de su plataforma sobre la promesa de la transparencia y el combate a las irregularidades de la política tradicional. Los próximos 15 días serán claves para determinar si el partido logra ordenar sus cuentas o si el frente judicial y político se agrava.