El concejal Carlos Alonso presentó un proyecto para intimar a las empresas de transporte a restablecer frecuencias y el servicio nocturno, bajo advertencia de sanciones y posibles rescisiones de contrato.

En el marco de una creciente preocupación por la prestación del servicio de transporte en la ciudad, el concejal Carlos Walter Alonso, representante del espacio liberal, formalizó la presentación de una Minuta de Comunicación ante el Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca. Bajo el número de expediente 364 HCD/2026, la iniciativa ingresada el 21 de abril de 2026 solicita al Departamento Ejecutivo la adopción de medidas inmediatas frente a lo que califica como una «abrupta reducción de frecuencias» y la interrupción total del servicio nocturno.

El documento exige que el municipio, a través de las áreas competentes, intime de manera urgente a las empresas concesionarias para que restablezcan la totalidad de los recorridos y frecuencias. El pedido hace especial hincapié en la normalización del servicio nocturno, fundamentando que las prestatarias deben garantizar la continuidad y regularidad del transporte según las condiciones establecidas en los contratos vigentes.

Impacto en la comunidad y derechos vulnerados

Los fundamentos del proyecto subrayan que esta situación afecta directamente a miles de vecinos que dependen del transporte público para sus actividades cotidianas. Alonso destaca que la falta de colectivos perjudica el acceso al trabajo, la educación y la salud, profundizando las desigualdades en los sectores de la población que no cuentan con medios alternativos de movilidad.

«La disminución del servicio no solo genera inconvenientes operativos, sino que vulnera derechos fundamentales», señala el texto del expediente presentado.

Pedido de sanciones y control estatal

La iniciativa legislativa no se limita al reclamo de frecuencias, sino que insta al Estado Municipal a aplicar el rigor de la ley frente a los incumplimientos verificados. El concejal solicita la aplicación de multas, la ejecución de garantías y otras sanciones previstas en el marco legal vigente.

Asimismo, se requiere que el Ejecutivo informe detalladamente al Concejo Deliberante sobre las actuaciones administrativas iniciadas y las multas aplicadas hasta la fecha. Como medida de última instancia, el proyecto propone evaluar la rescisión de las concesiones si las empresas persisten en los incumplimientos, sugiriendo incluso la implementación de un esquema de emergencia para asegurar que la ciudad no quede sin servicio.

Finalmente, el documento reafirma que es responsabilidad indelegable del Estado Municipal controlar a las prestatarias y resguardar el derecho de los usuarios a un servicio eficiente y accesible.