La Asociación Gremial de Computación (AGC) ha formalizado una contundente denuncia por fraude fiscal contra el «unicornio» argentino Globant y otras veinte compañías tecnológicas. Las empresas son acusadas de percibir subsidios estatales multimillonarios a través de la Ley de Economía del Conocimiento con la promesa de crear y sostener empleo, mientras simultáneamente ejecutan despidos masivos.

 

La Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento (LEC, Ley 27.506) fue concebida como una herramienta de fomento para el sector IT en Argentina, con el objetivo primordial de impulsar la innovación, la exportación de servicios y, crucialmente, la generación de empleo de calidad. Sin embargo, este régimen de beneficios fiscales, que implica un cuantioso costo para el Estado, ha quedado bajo la mira judicial y gremial ante la sospecha de un abuso sistemático por parte de las grandes corporaciones.

La Asociación Gremial de Computación (AGC) ha presentado una denuncia formal ante la Autoridad de Aplicación de la LEC contra la multinacional Globant (Sistemas Globales S.A.), convirtiéndola en un caso testigo que expone una maniobra presuntamente fraudulenta replicada por al menos otras veinte firmas del sector.

 

Subsidios para Empleo que Financian Despidos

 

El corazón del conflicto radica en el incumplimiento del requisito esencial para acceder y mantener los beneficios de la LEC: el Mantenimiento y/o Incremento de la Nómina de Personal.

Las empresas inscriptas en el Registro Nacional de Beneficiarios obtienen exenciones impositivas significativas, incluyendo la reducción del Impuesto a las Ganancias y el acceso al Bono de Crédito Fiscal (BCF), un subsidio mensual que cubre hasta el 70% de las contribuciones patronales que se deberían pagar por el personal afectado a las actividades promovidas. Este dinero público está destinado, explícitamente, a aliviar la carga laboral de las empresas para que puedan sostener e incrementar su plantilla.

No obstante, según la denuncia de la AGC, Globant y otras firmas han utilizado estos beneficios no para cumplir con el «contrato social» de la ley, sino para engrosar sus márgenes de ganancia. Ezequiel Tosco, Secretario General de la AGC, fue categórico al respecto: «Una empresa no puede usar fondos públicos para su ‘colchón’ financiero mientras deja a cientos de informáticos sin trabajo. Los subsidios fueron otorgados bajo la promesa de crear y sostener empleo de calidad, no para financiar crisis corporativas y despidos. Esto es un fraude».

 

La Prueba Documental: 453 Puestos Desaparecidos

 

La acusación gremial no se basa en conjeturas. La AGC presentó como prueba un informe que documenta una constante tendencia a la baja en la nómina de personal de Globant durante la primera mitad del año 2025. Los datos, obtenidos mediante informes de acceso a la información pública, revelan que la plantilla de personal promovido de la compañía se redujo en 453 puestos de trabajo entre enero y julio de 2025.

Esta reducción objetiva contraviene directamente lo estipulado en el Artículo 4°, apartado III de la Ley 27.506, que obliga a la empresa a «mantener y/o incrementar su nómina de personal respecto de la declarada al momento de la presentación de su solicitud de inscripción». Las empresas tienen un margen acotado (60 días) para reponer las bajas, un plazo que, según el gremio, fue excedido.

El contexto global refuerza la denuncia. En junio de 2025, Globant anunció el despido de 1.000 empleados a nivel mundial, lo que representó aproximadamente el 3% de su plantilla. Aunque la empresa justificó los recortes en la «sostenibilidad del negocio,» citando la desaceleración de la demanda global, los resultados financieros por debajo de las expectativas y la necesidad de adaptarse a la irrupción de la Inteligencia Artificial, el sindicato sostiene que estas decisiones corporativas fueron financiadas indirectamente con fondos públicos argentinos destinados a la creación de empleo.

 

El Riesgo del «Clawback»: Deuda Fiscal Monumental

 

El incumplimiento de este requisito es una falta grave que tiene consecuencias potencialmente devastadoras para la empresa. Si la Autoridad de Aplicación comprueba que la reducción de personal excede los límites permitidos, Globant se enfrenta al escenario temido del «Clawback» (restitución), que implica el decaimiento de pleno derecho de todos los beneficios promocionales.

La sanción más severa implica:

1. Devolución Retroactiva: Restituir la totalidad del Bono de Crédito Fiscal (BCF) utilizado desde el inicio del incumplimiento.
2. Reembolso de Ganancias: Devolver los montos de la reducción en el Impuesto a las Ganancias gozada.
3. Multas e Intereses: Pagar las multas e intereses fiscales aplicables a esta deuda.

Este monto, acumulado durante los años de vigencia del régimen, representaría una deuda fiscal monumental que impactaría directamente el balance de la multinacional. La AGC incluso advierte que la distorsión en la asignación de fondos públicos sin causa legal podría configurar un delito de naturaleza federal.

La Ley de la Economía del Conocimiento prometió una alianza virtuosa entre el sector privado y el Estado para el desarrollo nacional. Sin embargo, este caso pone en evidencia cómo un instrumento de promoción puede ser presuntamente cooptado para maximizar ganancias corporativas a costa del erario público y la estabilidad laboral de los trabajadores informáticos, quienes denuncian que, a pesar del crecimiento del sector, enfrentan congelamiento salarial, precarización y despidos.

 

Auditoría e Interpelación Exigida

 

Ante la gravedad de la situación, la AGC ha exigido a la Subsecretaría de Economía del Conocimiento que actúe de inmediato, solicitando tres acciones clave:

1. Auditoría Específica: Iniciar un procedimiento de auditoría a Sistemas Globales S.A.
2. Pericia Contable: Solicitar a los organismos de recaudación (como ARCA) la información para realizar una pericia sobre las nóminas salariales y contribuciones patronales.
3. Libre Deuda Gremial: Intimar a la empresa a acreditar el normal cumplimiento de sus obligaciones gremiales, tal como lo exige la ley.

La acción sindical busca no solo la sanción fiscal, sino también restablecer la transparencia en la gestión de los fondos públicos, recordando a las grandes empresas que los beneficios estatales conllevan una ineludible responsabilidad social de fomentar, y no destruir, el empleo que dicen promover.