La senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, enfrenta una encrucijada política y judicial en el Congreso Nacional. Tras un dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales que impugnó su pliego por presuntos lazos con el narcotráfico internacional (incluida una causa en EE. UU.), el pleno de la Cámara Alta deberá resolver si Villaverde puede asumir su banca y obtener los fueros parlamentarios. La polémica escaló con la intervención de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la mención de supuestas presiones del entorno presidencial para «salvarla».

La asunción de los nuevos senadores nacionales en el Congreso de la Nación se ve opacada por un debate de profunda trascendencia institucional y moral. El centro de la controversia es Lorena Villaverde, diputada nacional y senadora electa por la provincia de Río Negro en la lista de La Libertad Avanza (LLA), cuyo diploma ha sido impugnado por graves acusaciones vinculadas a causas de narcotráfico y lavado de dinero.

El dictamen de mayoría y la preocupación institucional

 

La Comisión de Asuntos Constitucionales (CAC) del Senado emitió un dictamen de mayoría que recomienda rechazar el pliego de Villaverde. La resolución, que contó con el respaldo de la oposición mayoritaria —incluyendo a Unión por la Patria, la UCR y otros bloques—, se basa en la objeción a su «idoneidad moral» para ejercer un cargo en el Poder Legislativo.

El senador por Formosa, José Mayans, uno de los impulsores de la impugnación, fue enfático al respecto: “Lo primero para nosotros es que esta persona no tenga fueros parlamentarios. Si logran infiltrar (el narcotráfico) en el Poder Legislativo, ya es otro tema para el país.» Esta declaración subraya la preocupación institucional de que el blindaje de la inmunidad parlamentaria sea utilizado para proteger actividades ilícitas.

La discusión, según Mayans, fue «muy profunda» debido a las dos impugnaciones presentadas desde Río Negro. El legislador peronista relató que, a pesar de los esfuerzos, lograron obtener un despacho de mayoría para el rechazo. Explicó que en el recinto, donde el tema se definirá el próximo viernes 28, el primer artículo del despacho habilitará al resto de los senadores electos a jurar, mientras que el rechazo del segundo artículo (referido a Villaverde) la dejaría «fuera del plantel».

El expediente de Estados Unidos: Cocaína, colaboración y prohibición de ingreso

 

Las pruebas más contundentes que comprometen a Villaverde provienen de una causa judicial en Estados Unidos, vinculada al narcotraficante Fred Machado, extraditado y acusado de tráfico de estupefacientes y lavado de dinero. El senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal), quien detalló la situación, explicó que la actual diputada libertaria fue detenida en el país del norte, donde declaró que la droga que portaba era para comercializarla.

El caso data de 2002 e involucra su detención en Florida por intentar comprar un kilogramo de cocaína, según documentos de la Affidavit de la DEA. Además, se comprobó un acuerdo con la justicia norteamericana bajo la figura de arrepentida y colaboradora para aportar información sobre la organización para la cual traficaba. Como consecuencia de estos antecedentes, Villaverde tiene prohibido el ingreso a los Estados Unidos.

El vínculo con Machado no solo es judicial, sino también político. Mayans remarcó que existen “puntos cuestionables” como el hecho de que Villaverde y el presidente Javier Milei compartan abogado. A esto se suma la estrecha relación entre la senadora electa y la hermana del presidente, a quien el senador acusó de tener una intención explícita de “salvar a Villaverde a cualquier precio”.

Maniobras políticas y el «Contragolpe»

 

En medio de la deliberación, La Libertad Avanza (LLA) no se quedó de brazos cruzados. El oficialismo anunció que presentará un dictamen de minoría a favor de la senadora y, en una maniobra de «contragolpe», se presentaron impugnaciones contra los senadores peronistas electos Jorge Capitanich y Martín Soria.

El clima de tensión en el Senado se acentuó con la aparición de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, según Mayans, “vino en persona a traer los documentos cuando estábamos comenzando la sesión, al estilo Bullrich.” Esta intervención se dio a pesar de que Mayans señaló que Bullrich, como Ministra de Seguridad de la Nación, «no conocía el tema de Espert ni de Villaverde con Fred Machado» anteriormente.

En su defensa, Villaverde ha desmentido las acusaciones. Tras la difusión de los antecedentes, la diputada se sometió públicamente a un narcotest y una rinoscopia, cuyos resultados presentó como negativos para el consumo de drogas. Además, el espacio de LLA ha intentado argumentar que las acusaciones en EE. UU. no resultaron en una condena firme en Argentina y que la impugnación actual constituye un intento de «proscripción».

Más allá de la causa por narcotráfico, fuentes periodísticas externas han complementado el panorama con otras acusaciones. Villaverde fue denunciada penalmente en Río Negro por gastos irregulares de campaña, incluyendo una factura de $73 millones de pesos (unos 73.000 USD a la tasa de cambio de ese momento), que fue objetada por el apoderado económico del propio partido. También enfrentó embargos por presuntas estafas en la venta de terrenos.

La decisión final, que se tomará en el recinto, será un momento definitorio para la composición del Senado y, según la visión de Mayans, para la «preservación del sistema» ante el riesgo de la infiltración narco en la política.