El diputado del Frente de Izquierda denunció que la iniciativa otorga un blanqueo permanente a grandes empresas y patronales con trabajadores no registrados.

Durante el tratamiento en comisión del proyecto denominado «Inocencia Fiscal 2», el diputado nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad, Néstor Pitrola, rechazó enfáticamente la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo y denunció que se trata de un esquema diseñado para beneficiar a grandes empresas, fugadores de capitales y sectores patronales.

Durante su intervención, el legislador calificó la iniciativa como una «Ley Adorni» y la definó como una normativa de impunidad permanente. Pitrola sostuvo que la medida representa un blanqueo constante que remueve controles esenciales contra la evasión fiscal, al tiempo que impone mayores cargas tributarias sobre los sectores asalariados.

Salida de divisas y crisis salarial

Para fundamentar su postura, el diputado repasó cifras sobre la fuga de divisas y el comportamiento del mercado cambiario. Señaló que en el primer semestre del año las empresas giraron al exterior 2.650 millones de dólares en concepto de utilidades. Asimismo, precisó que durante junio un millón y medio de argentinos compraron 2.440 millones de dólares, acumulando 12.000 millones en los primeros seis meses del año.

Según argumentó Pitrola, las compras por parte de sectores de la clase media responden al temor a una nueva devaluación tras repetidas estafas económicas. No obstante, remarcó que la realidad de la inmensa mayoría del país es radicalmente opuesta: la mayoría de los trabajadores no cuenta con margen de ahorro, padece el pluriempleo, enfrenta despidos y sufre salarios golpeados por la crisis.

«El esquema es clarísimo: impuesto a los trabajadores, baja de impuestos a los capitalistas y premio a los evasores». — Néstor Pitrola.

Beneficios al sector agrario y convocatoria al Congreso

Otro de los puntos críticos expuestos por el representante de la izquierda fue el impacto del proyecto en el ámbito laboral agrario. Pitrola detalló que de los 1.200.000 trabajadores rurales existentes en el país, cerca del 70% se encuentra no registrado. En ese marco, denunció que la normativa pretende habilitar a las patronales del campo a abonar una multa global única por la falta de registración, en lugar de responder individualmente por cada empleado en situación informal.

Por último, el legislador vinculó este debate con el resto del paquete de reformas impulsado por el Gobierno y confirmó la participación del Frente de Izquierda en las movilizaciones convocadas frente al Congreso de la Nación para expresar el rechazo popular a la iniciativa y al proyecto de ley de tierras.