Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte sobre un marcado sesgo contractivo en la ejecución presupuestaria a junio de 2026, con un retroceso generalizado en las partidas de salud, educación y obra pública.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó su informe sobre la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) correspondiente a julio de 2026, con datos cerrados al mes de junio. El documento revela una caída real del gasto total del 34% en comparación con el mismo período de 2023, consolidando un marcado sesgo contractivo en la política fiscal del año en curso. Asimismo, respecto de junio de 2025, el gasto total de la administración pública registra una baja interanual real del 4%.

La estructura del presupuesto muestra que la seguridad social continúa concentrando la mayor proporción de los recursos con un 56%, a pesar de haber sufrido una reducción real del 17% frente a 2023. En paralelo, los servicios de la deuda pública escalaron hasta representar el 13% del gasto total ejecutado, evidenciando el peso de las obligaciones financieras en la composición actual de las partidas estatales.

Ajustes profundos en áreas claves

El análisis detallado por funciones y organismos expone recortes significativos en sectores de alta sensibilidad social y productiva:

• Salud y asistencia social: los servicios sociales cayeron un 27% en términos reales respecto a 2023. La Superintendencia de Servicios de Salud lidera el ajuste con una baja del 64%, seguida por los hospitales nacionales (con caídas de entre el 17% y 44%) y la ANMAT (-42%). Por su parte, las políticas alimentarias en comedores comunitarios y merenderos sufrieron una reducción del 65%.

• Educación: la finalidad de educación y cultura registró una contracción real del 50% en comparación con 2023. Programas emblemáticos como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) reportaron una ejecución nula (-100%), mientras que la partida de infraestructura y equipamiento evidenció un recorte del 96%.

• Transporte y obra pública: la ejecución en esta finalidad se encuentra cercana a la paralización total, con caídas generalizadas de entre el 84% y el 100% en infraestructura urbana, vial e hidráulica. La Dirección Nacional de Vialidad, por ejemplo, registra un ajuste real del 85%.

• Ciencia y tecnología: este rubro sufrió una reducción real global del 43%. Destacan las caídas en el programa de Promoción de la Investigación e Innovación (-88%) y en el Conicet (-35%).

Fondos para inteligencia en alza

En contraposición al ajuste generalizado en la mayoría de los ministerios y organismos públicos, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dependiente de la Presidencia de la Nación, se posicionó como una de las principales excepciones al registrar un incremento real del 17% en su ejecución presupuestaria respecto a 2023.

Otra de las excepciones notables dentro del informe fue el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), que anotó un incremento real del 68% en su partida presupuestaria en comparación con el período testigo de 2023.

El informe concluye que la magnitud y la dirección de estos recortes plantean un desafío crítico para la sostenibilidad de programas esenciales en un contexto económico adverso