El dirigente del Frente de Izquierda presentó una acción penal por tasas de interés con un Costo Financiero Total superior al 1.300% anual.

El dirigente del Partido Obrero y referente del Frente de Izquierda – Unidad, Gabriel Solano, formalizó una denuncia penal contra el fundador y propietario de Mercado Libre, Marcos Galperin. La acción judicial apunta a la presunta comisión del delito de usura a través de los créditos personales y opciones de financiamiento otorgados mediante la plataforma digital Mercado Pago, los cuales alcanzan tasas con un Costo Financiero Total (CFT) anual que supera el 1.300%.

De acuerdo con lo expuesto en el escrito judicial, la firma fintech incurre en una práctica abusiva sobre un sector vulnerable de la población que se encuentra excluido del circuito bancario tradicional. Solano remarcó que las elevadas tasas aplicadas por la compañía se sustentan en las necesidades económicas de sectores de trabajadores que apelan al endeudamiento digital para cubrir gastos básicos de subsistencia hacia el final de cada mes.

Fundamentos jurídicos de la acusación por usura

La presentación realizada ante los tribunales fundamenta la imputación en los términos contemplados por el artículo 175 bis del Código Penal argentino. Dicha norma establece penas de prisión para quien, mediante el aprovechamiento de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, la induzca a dar o prometer intereses o ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con relación a la prestación otorgada.

El dirigente de la izquierda contrapuso el esquema tarifario de la plataforma privada con las condiciones fijadas por entidades crediticias de carácter público. En ese sentido, puntualizó que mientras el Banco Nación ofrece préstamos a tasas sensiblemente menores e implementa planes de refinanciación para deudores en mora con cargos que oscilan entre el 12% y el 14%, la fintech cobra valores desproporcionados amparada en la falta de un marco regulatorio de carácter restrictivo.

Asimismo, Solano argumentó que el modelo aplicado por Mercado Pago convirtió la colocación de deuda en una operatoria masiva, automatizada y constante. Para sustentar su posición, citó datos estadísticos provistos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los cuales ratifican que los niveles de morosidad en las billeteras virtuales sobrepasan con holgura los promedios registrados en el sistema bancario regulado.

Comparativa regional y cuestionamientos al rol del Estado

En otro tramo de la denuncia, el referente opositor analizó el comportamiento de la empresa de comercio electrónico en otros mercados de América Latina. Solano señaló que en diversos países de la región, la compañía opera bajo supervisiones normativas estrictas a cargo de los respectivos Bancos Centrales, ofreciendo esquemas de crédito con costos financieros considerablemente más bajos que los aplicados en el mercado local.

Finalmente, la presentación judicial cuestiona la postura del Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, al que acusó de complicidad por omisión y falta de control normativo. Según el texto presentado ante la Justicia, la falta de regulaciones específicas no exime a las empresas privadas del cumplimiento de las leyes penales vigentes ni las habilita a fijar intereses desmedidos.

La solicitud realizada a las autoridades judiciales busca abrir una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades jerárquicas en la fijación de las tasas de interés de la empresa, identificar la cantidad total de usuarios afectados por las liquidaciones de crédito y establecer si la conducta encuadra de forma definitiva en el delito de usura.