Gendarmería Nacional ha cerrado el expediente administrativo que investigaba la actuación de sus efectivos en la represión frente al Congreso el pasado 12 de marzo, un incidente que dejó al fotoperiodista Pablo Grillo en estado de coma. La decisión de la fuerza, que no formuló ningún reproche disciplinario y atribuyó la responsabilidad a la «imprudencia» de la propia víctima, ha desatado un fuerte repudio por parte de familiares, amigos, colegas y organismos de Derechos Humanos.

La resolución, calificada como una «formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes» , consagra la impunidad del cabo Héctor Guerrero, señalado como el responsable del disparo con la pistola lanzagases que hirió gravemente a Grillo en la cabeza. A pesar de que los manuales internos de Gendarmería prohíben explícitamente los disparos horizontales dirigidos a personas por su potencial letalidad, Guerrero continúa en funciones.

El sumario administrativo, iniciado el 17 de marzo por orden del Comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, y a cargo del Comandante Mayor Adrián Barressi, concluyó en apenas 24 horas. El «informe final» de Barressi, basado únicamente en declaraciones del personal de la fuerza, dictaminó la inexistencia de reproches disciplinarios. Esta versión fue convalidada por el asesor jurídico José Carlos Lodolo el 18 de marzo, y el 19 de marzo, a solo siete días de los hechos, Porra Melconian firmó la resolución de cierre.

Lo más preocupante de esta investigación interna es la conclusión que atribuye la responsabilidad del disparo a un «hecho fortuito» y a la «imprudencia» de Pablo Grillo por ubicarse «en la línea de tiro». En otras palabras, Gendarmería ha culpado a la víctima por haber sido herida por un arma de su propio personal.

Aunque el expediente fue reabierto el 25 de abril debido a los avances de la causa penal, que requería información sobre el operativo y el accionar de Guerrero, las conclusiones iniciales no se modificaron. A pesar de la incorporación de nuevas pruebas y la ampliación de declaraciones de efectivos, un segundo dictamen jurídico reiteró la ausencia de reproches disciplinarios, y el 29 de abril, Porra Melconian volvió a dar por finalizada la investigación administrativa.

Para los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el CELS, que actúan como querellantes en la causa penal, el análisis del expediente «revela múltiples falencias que comprometen la seriedad y objetividad de la investigación interna». Subrayan que todas las declaraciones de los efectivos y jefes de Gendarmería son coincidentes, afirmando que el operativo se desarrolló «con profesionalismo» y que las órdenes fueron «claras y ajustadas a los reglamentos», priorizando la seguridad de todos.

La declaración del cabo Guerrero, realizada en un entorno controlado y sin posibilidad de repreguntas o contrastación, refuerza las sospechas de encubrimiento. El gendarme afirmó haber actuado según el protocolo y desconocer la existencia de heridos, enterándose de lo ocurrido días después por los medios. No obstante, Guerrero aún no ha prestado declaración indagatoria en la causa penal, un paso fundamental para el esclarecimiento de los hechos. El cierre express del sumario en menos de dos meses y la desestimación de pruebas que contradicen la versión oficial, como el manual que prohíbe disparos horizontales, consolidan la preocupación por la impunidad en este caso.