El Tribunal en lo Criminal N.º 3 dictó una severa sentencia de cuatro años y seis meses de prisión efectiva contra Javier Constancio Guevara, hallado culpable de abigeato agravado en el partido de Villarino, una zona sensible para la producción ganadera. El fallo, que también incluyó la tenencia ilegal de arma de fuego, marca un precedente en la lucha contra el delito rural en el sur de la provincia de Buenos Aires, y subraya la gravedad con la que la Justicia está abordando el robo y faenado clandestino de ganado.

---

 

Un fallo ejemplar contra el delito rural

 

La sentencia, resultado de la investigación llevada a cabo por el Equipo de Delitos Rurales y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca, condena a Javier Constancio Guevara a una pena de cumplimiento efectivo por dos graves delitos que impactan directamente en el sector agropecuario: abigeato agravado y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

Los hechos, que se remontan a finales del año pasado, tuvieron lugar en un establecimiento rural en la zona de Villarino, con epicentro en la localidad de Médanos, donde los animales sustraídos fueron finalmente recuperados por las autoridades. La combinación de abigeato con la portación de armas es un factor de agravamiento que el Código Penal Argentino (Art. 167 quáter) castiga con especial rigor, reflejando el alto riesgo que estos ilícitos representan no solo para la propiedad, sino para la seguridad de los trabajadores y propietarios rurales.

La decisión del Tribunal de imponer una pena de prisión efectiva —cuatro años y medio— envía un mensaje contundente a las bandas y personas dedicadas al robo de ganado. Este tipo de condenas se está volviendo una herramienta fundamental para desalentar el abigeato, un delito que genera pérdidas millonarias y desestabiliza la cadena de producción de carne en el país.

 

El abigeato: un flagelo nacional que busca ser contenido

 

El abigeato, históricamente considerado un delito menor o «de subsistencia» en algunos contextos, ha mutado en la Argentina de los últimos años para convertirse en una actividad delictiva organizada y lucrativa. Las modalidades varían, desde la sustracción de pocas cabezas para faenarlas clandestinamente y comercializar la carne en el mercado negro, hasta el robo de grandes lotes de hacienda que son remarcados o trasladados a otras provincias.

El caso de Villarino no es aislado. En otras jurisdicciones, los tribunales también han dictado sentencias ejemplares:

• Salta: Recientemente, se condenó a cuatro sujetos por robo de ganado, falsificación de marcas y venta clandestina de carne, imponiendo penas efectivas de cuatro años de prisión en un juicio abreviado, dada la complejidad de los hechos.
• Chubut: El Ministerio Público Fiscal de Chubut ha llevado a juicio casos de abigeato doblemente agravado por involucrar a más de cinco cabezas de ganado y la participación de tres o más personas, demostrando la coordinación de estas acciones.
• Corrientes: La Justicia ha propiciado la aplicación de penas firmes para esta clase de delitos rurales, con magistrados que afirman la necesidad de desincentivar conductas similares y proteger a los legítimos propietarios, como ocurrió en un caso de abigeato agravado que resultó en una pena efectiva de cuatro años y medio de prisión.

Estos antecedentes confirman que la Justicia argentina, a través de sus fiscalías especializadas y tribunales, está elevando el estándar de castigo para el delito rural. La inclusión de armas de fuego en la comisión del abigeato es un factor clave que permite a los jueces aplicar penas de prisión efectiva, ya que lo convierte en un delito contra la seguridad pública y un claro agravante patrimonial.

 

La importancia de la especialización judicial

 

La resolución de este caso en Villarino es un éxito para el Equipo de Delitos Rurales de la UFIJ N.º 7, que se especializa en la recolección de pruebas específicas para este tipo de crímenes, como el rastreo de animales, la identificación de marcas y señales, y la coordinación con las fuerzas de seguridad en zonas de difícil acceso.

La experiencia judicial demuestra que la rápida actuación tras la denuncia (en este caso a partir de una investigación en curso o denuncia anónima, ya que los animales fueron hallados) y el uso de la calificación de «agravado» son determinantes para lograr condenas de cumplimiento efectivo. El endurecimiento de las penas por parte de los tribunales busca restaurar el orden y la seguridad en los campos, asegurando que quienes cometen delitos tan dañinos para la economía regional reciban el castigo correspondiente y sean disuadidos de reincidir.