La justicia federal puso la lupa sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. Las irregularidades bajo análisis incluyen la compra de un departamento en Caballito, una casa en un exclusivo country, omisiones en declaraciones juradas y viajes al exterior financiados en efectivo.

El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de una investigación judicial que busca determinar el origen de los fondos destinados a la adquisición de propiedades y vuelos privados. La causa, que tramita en los tribunales de Comodoro Py bajo la instrucción del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, analiza presuntas maniobras de lavado de activos, evasión y el uso de posibles testaferros para ocultar un patrimonio que no coincidiría con sus ingresos declarados.

La trama del departamento en Caballito

Uno de los ejes principales de la pesquisa es un departamento ubicado en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito. Según documentos del Registro de la Propiedad Inmueble, Adorni adquirió la unidad, de casi 200 metros cuadrados, por un valor declarado de US$ 230.000. Sin embargo, la atención de los investigadores se posó sobre el financiamiento de la operación: el 87% del monto fue aportado por dos mujeres, Beatriz Alicia Viegas (72) y Claudia Bibiana Sbabo (64).

La situación de Sbabo resulta particularmente llamativa para la fiscalía. Un mes después de la operación inmobiliaria, la mujer —quien figura como empleada editorial— fue incorporada al programa «Pase Cultural» del Gobierno de la Ciudad, un beneficio destinado exclusivamente a jubilados que perciben haberes inferiores a los $600.000 mensuales. Pollicita intenta determinar si estas mujeres actuaron como pantallas para ocultar al verdadero inversor o si la maniobra buscó evadir gravámenes fiscales.

El country en Exaltación de la Cruz y la escribana frecuente

La investigación también alcanza una propiedad en el barrio privado Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. De acuerdo con los registros, la vivienda demanda un pago mensual de expensas de $700.000, una cifra que contrasta drásticamente con el perfil de ingresos anuales que el funcionario declaró hasta marzo de 2025.

En el marco de estas transacciones, la justicia citó a declarar a la escribana Adriana Nechevenko, responsable de intervenir en ambas operaciones inmobiliarias. Un dato que sumó sospechas a la causa es el registro de ingresos a la Casa Rosada: Nechevenko visitó la sede de gobierno en siete oportunidades entre julio de 2024 y septiembre de 2025, reuniones que ahora son objeto de análisis para determinar si guardan relación con la gestión del patrimonio privado del funcionario.

Viajes bajo sospecha y vuelos privados

La Dirección Nacional de Migraciones aportó datos que contradicen las declaraciones públicas del jefe de Gabinete. Mientras Adorni aseguró que su única salida recreativa en el último año y medio fue un viaje a Uruguay, los registros oficiales muestran itinerarios hacia Perú y Ecuador, con fuertes sospechas de un destino final en la isla de Aruba.

A esto se suma el vínculo con el periodista Marcelo Grandio, conductor en la TV Pública. La justicia investiga dos vuelos privados a Punta del Este facturados a nombre de Grandio y su empresa, Imhouse. Aunque Adorni sostuvo haber pagado «su parte», no existen registros bancarios de transferencias que respalden dicha afirmación.

La causa sumó un testimonio clave: Vanesa Tossi, empleada del broker Jag Aviation, denunció haber sufrido hostigamiento por parte de Grandio para anular las facturas originales y emitir notas de crédito que borraran el rastro de los vuelos. La testigo confirmó que los pagos se realizaron íntegramente en efectivo. Ante esta situación, el juez Lijo dictó una prohibición de contacto para Grandio hacia la testigo, mientras se intenta determinar si estos viajes constituyen dádivas prohibidas por la Ley de Ética Pública.