La Fiscalía N° 20 de Bahía Blanca elevó a juicio la causa contra un grupo de personas acusadas de defraudar a una firma local por más de 150 millones de pesos mediante transferencias a distintas cuentas bancarias y la posterior compra de criptomonedas.

Un caso de fraude informático de grandes proporciones ha llegado a una nueva etapa judicial en Bahía Blanca. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 20, encabezada por el fiscal Rodolfo De Lucia, ha finalizado parte de su investigación y ha elevado a juicio la causa contra cinco personas acusadas de participar en una defraudación que superó los 150 millones de pesos. Otras cuatro personas continúan bajo investigación por su presunta implicación en el mismo delito.

Los imputados que deberán sentarse en el banquillo de los acusados son: Antonella Belén Andino, Julieta Ferrari Villanueva, Lucca Ian Benítez Jara, Nicolás Agustín Diebra y Lucas Diego Duarte. Todos ellos enfrentan cargos por el delito de «defraudación cometida por medios informáticos». La denuncia fue presentada en octubre de 2023 por el responsable de una empresa local que alertó sobre una serie de movimientos irregulares en sus cuentas. El sistema de la firma solicitaba repetidamente las claves de acceso, lo que finalmente derivó en el descubrimiento del faltante de la millonaria suma.

La investigación de la Fiscalía N° 20 se centró en el seguimiento del dinero robado. Los peritajes informáticos y bancarios revelaron una compleja red de transferencias: los más de 150 millones de pesos fueron fragmentados y distribuidos inicialmente en nueve cuentas bancarias con diferentes titulares. Desde allí, el dinero fue transferido a otras 36 cuentas de manera sucesiva, en un intento por dificultar su rastreo. Finalmente, se constató que la totalidad del monto había sido utilizado para adquirir criptomonedas, lo que añade un elemento de sofisticación a la estafa.

Este esquema de movimientos permitió a los investigadores identificar identidades recurrentes como titulares de las cuentas. A partir de esa información, el fiscal De Lucia solicitó y obtuvo órdenes de detención y allanamientos que permitieron identificar a las cinco personas que ahora irán a juicio, así como determinar el rol específico que cada una de ellas cumplió en la maniobra delictiva. La causa sienta un precedente sobre la creciente incidencia de los delitos financieros y el uso de la tecnología para el lavado de activos.