El fiscal general Juan Pablo Fernández calificó como «hechos graves» lo ocurrido el pasado viernes en el Bahía Blanca Plaza Shopping. La fiscalía analiza cámaras y testimonios para determinar responsabilidades penales que podrían incluir la privación ilegal de la libertad.

La Justicia de Bahía Blanca ha tomado una postura firme tras los disturbios registrados el pasado viernes en el principal centro comercial de la ciudad. El fiscal general, Juan Pablo Fernández, confirmó que la fiscal Marina Lara se encuentra recolectando pruebas, incluyendo declaraciones testimoniales y registros fílmicos, para identificar a los responsables de un episodio que calificó como impropio de los tiempos actuales. «Los hechos son graves, nos remontan a épocas superadas», sentenció Fernández, subrayando que las imágenes obtenidas hasta el momento son elocuentes respecto a la mecánica de lo sucedido.

Más allá de los daños materiales

Aunque inicialmente se puso el foco en las roturas, la fiscalía advirtió que la calificación legal podría ser mucho más severa. Según Fernández, los daños materiales son el menor de los problemas legales que podrían enfrentar los involucrados. La investigación apunta ahora a la presunta privación de la libertad de las personas que se encontraban dentro del establecimiento, al verse impedidas de decidir sus acciones debido al bloqueo y las amenazas.

El fiscal describió un escenario de alta tensión:

• Obstrucción de accesos: Se establecieron bloqueos que impidieron el libre tránsito de trabajadores y clientes.

• Uso de barricadas: Los manifestantes utilizaron elementos para sellar las entradas del complejo.

• Acciones intimidatorias: Se registraron golpes constantes a las puertas a modo de amenaza, lo que generó un clima de temor inminente.

El rol de la fuerza pública y el rechazo político

Consultado sobre la falta de intervención directa de la policía durante el conflicto, Fernández explicó que mantuvo comunicación con los jefes de la fuerza. La decisión de no reprimir en el lugar respondió a una evaluación estratégica: se consideró que una intervención violenta dentro de un espacio cerrado con civiles podría haber generado un peligro mayor al que ya existía. Sin embargo, aclaró que todo el accionar policial será analizado dentro del paquete de medidas judiciales.

En paralelo, el arco político local también manifestó su repudio. Concejales del bloque PRO presentaron un proyecto de resolución para rechazar formalmente estas prácticas, calificándolas de «intimidatorias, violentas o patoteriles». Los autores del proyecto —Gisela Caputo, Emiliano Álvarez Porte, Fabiana Ungaro y Carlos Alonso— sostuvieron que este tipo de acciones vulneran el derecho constitucional al trabajo y a la libre circulación, instando a las autoridades de trabajo, tanto provinciales como nacionales, a evaluar sanciones bajo la Ley de Asociaciones Sindicales.

Finalmente, el fiscal general expresó su sorpresa por el origen de los incidentes, señalando que «llama la atención» que estos métodos de protesta hayan surgido en el ámbito de Empleados de Comercio, un sector que no solía registrar este nivel de agresividad.