La Cámara Federal Revocó el Sobreseimiento del Exmandatario y Ordenó Profundizar la Investigación por “Abuso de Autoridad” y “Violación de Deberes” en las Restricciones del Covid-19

Un nuevo capítulo se abre en la ya sensible causa judicial que investiga la gestión de la pandemia de coronavirus en Argentina. La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires resolvió revocar el sobreseimiento del expresidente Alberto Fernández y ordenó que se continúe con la investigación sobre su presunto «abuso de autoridad» y «violación de los deberes de funcionario público» por las estrictas y prolongadas restricciones impuestas durante el confinamiento. La decisión de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi da la razón a la postura del fiscal Carlos Stornelli, quien había apelado el cierre inicial del caso, argumentando que aún resta producir prueba crucial para determinar si la extensión de la cuarentena tuvo motivaciones políticas por encima de las sanitarias.

El fallo de la Cámara Federal pone nuevamente en el centro del debate la legalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional entre 2020 y 2021, un período marcado por la restricción de libertades individuales sin precedentes en la historia reciente del país.

 

El Origen del Caso y la «Certeza Negativa» Cuestionada

 

La denuncia que dio origen a la causa contra el exmandatario no provino directamente de una víctima de las restricciones, sino de las palabras de un exintegrante de su propio gabinete. La acción judicial se disparó a raíz de un reportaje brindado por el exministro de Economía, Martín Guzmán, quien reconoció públicamente que el período de confinamiento total «fue más largo de lo que tendría que haber sido» y que esta extensión obedeció a consideraciones de «conveniencia política» más que a fundamentos estrictamente epidemiológicos.

Tras la denuncia, la jueza federal María Romilda Servini había dictado el sobreseimiento de Fernández en junio de 2025. La magistrada sostuvo que no existía un «parámetro válido» que permitiera establecer un momento exacto y objetivo a partir del cual las restricciones dejaron de ser necesarias desde el punto de vista sanitario. Además, la jueza había argumentado que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que limitaron la circulación y las actividades habían sido validados oportunamente por el Senado de la Nación, lo que le confería un respaldo institucional.

No obstante, el fiscal Carlos Stornelli no compartió esta visión. En su apelación, el fiscal cuestionó la premisa de la «certeza negativa» utilizada por Servini, una figura legal que requiere que el juez esté absolutamente seguro de la inexistencia de delito para dictar el sobreseimiento. Stornelli sostuvo que la investigación no estaba agotada y que, por el contrario, la admisión de Guzmán obligaba a profundizar el análisis sobre las reales motivaciones de la extensión de la cuarentena, más allá de la mera validez formal de los DNU.

 

El Criterio de la Cámara: Prematuridad de la Decisión

 

Los camaristas Llorens y Bertuzzi acogieron el argumento fiscal. En su resolución, consideraron que la desestimación de la denuncia resultaba «prematura». Según el criterio de la Sala I, si existen indicios o declaraciones que sugieren que las restricciones pudieron haber excedido lo necesario con fines políticos, el tribunal tiene la obligación de profundizar la pesquisa y sumar más elementos de prueba antes de dar por cerrado el expediente.

«No se ha alcanzado el nivel de convicción necesario para desvincular al imputado», parece ser el razonamiento subyacente de la Cámara. Esta decisión implica que el Juzgado Federal N°1 deberá retomar la investigación, pudiendo requerir informes a expertos en epidemiología, análisis económicos sobre el impacto de la cuarentena prolongada, y sumar más testimonios de funcionarios clave de aquel período para esclarecer la toma de decisiones.

 

Un Contexto Político Sensible y una Sociedad Polarizada

 

La reapertura de la causa se da en un contexto social y político todavía polarizado por el recuerdo de las medidas sanitarias. El manejo del Covid-19 en Argentina estuvo marcado por una de las cuarentenas más extensas del mundo, con un enorme costo económico y social, y por casos emblemáticos que generaron un fuerte rechazo público, como el escándalo de las visitas a la Residencia de Olivos durante las restricciones más duras, conocido popularmente como el «OlivosGate».

Si bien la causa por el «OlivosGate» siguió un camino separado (que terminó con el expresidente pagando una reparación económica), esta nueva investigación pone el foco en la legalidad del instrumento de poder: el uso del «abuso de autoridad». La ciudadanía, que sufrió la prohibición de trabajar, circular o despedir a sus seres queridos, exige claridad sobre si dichas restricciones respondieron estrictamente a la emergencia sanitaria o si fueron cooptadas por intereses de la política.

La orden de la Cámara Federal revierte un sobreseimiento que para muchos era un símbolo de impunidad y obliga a la Justicia a encarar la etapa de instrucción con mayor rigor, garantizando que el manejo de una crisis sin precedentes sea examinado exhaustivamente bajo la lupa de la ley. La investigación deberá ahora avanzar en un terreno minado de interpretaciones entre la emergencia sanitaria y el ejercicio discrecional del poder.