El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se pronunció enérgicamente sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner, calificándola de «proscripción» y «auténtica infamia», en un contexto que, según sus palabras, está marcado por el «odio, autoritarismo y hostigamiento».

La reciente condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha generado un fuerte repudio en sectores políticos afines a su figura, y entre ellos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha sido uno de los primeros en alzar su voz. En declaraciones contundentes, Kicillof no dudó en describir la sentencia como una «auténtica infamia» y el resultado de «años de perversa persecución política, mediática y judicial» que, a su juicio, buscan proscribir a la líder opositora.

El mandatario provincial, quien mantuvo un encuentro previo con la titular del Partido Justicialista (PJ), expresó su total solidaridad con Fernández de Kirchner. Sus palabras resuenan en un momento de alta tensión política, donde la división de opiniones sobre el accionar de la justicia y el papel de los medios de comunicación se profundiza. Kicillof enfatizó que la condena se produjo en un «clima de odio, autoritarismo y hostigamiento», elementos que, según su análisis, vician el proceso judicial y ponen en tela de juicio la imparcialidad

La afirmación de Kicillof de que «hoy, la democracia queda profundamente herida» no es menor. Implica una crítica directa al sistema judicial y a las fuerzas políticas que, según su perspectiva, han contribuido a este escenario. La referencia a la celebración del presidente Javier Milei tras la condena, añade una capa más de polarización al debate, sugiriendo una utilización política de la sentencia.

Este episodio se inscribe en una larga historia de confrontaciones entre el poder político y el judicial en Argentina, con acusaciones cruzadas de intromisión y politización. La figura de Cristina Fernández de Kirchner ha sido central en varios procesos judiciales, que sus partidarios siempre han denunciado como parte de una estrategia de «lawfare» o guerra jurídica, destinada a inhabilitarla políticamente.

La postura de Kicillof no solo es un respaldo a la expresidenta, sino también una advertencia sobre lo que considera un deterioro institucional. La proscripción, si bien en el ámbito legal implica una inhabilitación para ocupar cargos públicos, en el discurso político del kirchnerismo se la presenta como un intento de borrar a Fernández de Kirchner de la escena política, privando a una parte significativa de la ciudadanía de su representación.

El futuro de la política argentina, con una figura central como Fernández de Kirchner bajo condena y un gobierno que, según Kicillof, celebra esta situación, se presenta incierto y cargado de desafíos en cuanto a la convivencia democrática y el respeto por las instituciones