La Cámara Federal de Bahía Blanca ha emitido un fallo «breve y contundente» ordenando la continuidad de una compleja investigación por presunto lavado de activos que involucra a dos influyentes empresarios locales, Gustavo Elías y Gustavo Damiani. Ambos son señalados como supuestos testaferros del líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, y su círculo familiar, en una trama que habría movilizado fortunas ilícitas a través de una vasta red de sociedades y allegados.

La resolución de los camaristas Roberto Amabile y Pablo Larriera desestimó los pedidos de cierre de la investigación presentados por las defensas de Elías y Damiani. Los empresarios, que poseen un holding con múltiples empresas en Bahía Blanca, Buenos Aires y otras ciudades, habían argumentado que se habían acogido a un blanqueo fiscal, además de plantear la prescripción de los hechos y la vulneración de sus derechos a un juicio en plazo razonable.

Sin embargo, los magistrados recalcaron la complejidad de la pesquisa, destacando la «gravedad de los hechos presuntamente cometidos, que lesionan bienes jurídicos como la hacienda pública, el orden económico y financiero, la administración de justicia y, en algunos casos, la fe pública». El vocal Amabile detalló en su voto que la causa ha demandado la obtención de «múltiples informes de la ex AFIP, levantamiento de secretos [fiscales], análisis contable de operaciones complejas y la evaluación de vínculos societarios múltiples», demostrando una actividad compatible con la envergadura del caso sin demoras inaceptables de los órganos de persecución penal.

La investigación se originó a finales de 2015 a partir de una denuncia anónima remitida por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a la fiscalía federal de Bahía Blanca. La denuncia acusaba al Grupo Elías de diversos delitos, impulsando una pesquisa que fue llevada adelante inicialmente por el fiscal Antonio Castaño y, tras su renuncia en 2020, por el fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva.

En dictámenes acusatorios presentados en 2022 y 2023, la fiscalía apuntó a Gustavo Elías como el presunto líder de una asociación ilícita fiscal. Se sostiene que entre 2011 y 2018, Elías habría recurrido a la creación de empresas ficticias, compraventa de inmuebles y acciones, y supuestas ganancias de sociedades sin actividad real o en rojo, para blanquear dinero de origen ilícito, con el apoyo de testaferros y estructuras jurídicas tanto en Argentina como en el exterior. La trama delictiva abarcaría a cerca de 40 personas, muchas de ellas familiares o con vínculos societarios cruzados a través de 80 empresas distintas, bajo la sospecha de que el grupo Elías actuó como testaferro de Hugo Moyano y su familia.

Desde el Grupo Elías, consultados previamente por LA NACION, desestimaron la investigación por «inconsistente» y «nula» al haber iniciado con una denuncia anónima. El abogado Daniel Llermanos, letrado también de Hugo Moyano, lamentó que la inspección de AFIP no encontrara motivos para imputar a Elías. No obstante, la Cámara Federal no compartió estos argumentos, y en su reciente resolución, si bien requirió celeridad al juzgado, reafirmó la necesidad de continuar la investigación en Bahía Blanca, al ser el principal asiento de negocios y centro de vida de los implicados.

Elías, un actor relevante en el puerto de Buenos Aires con negocios millonarios de seguros y estacionamientos de contenedores, es propietario de un holding que incluye diversas sociedades y medios de comunicación, como el diario La Nueva en Bahía Blanca. Su conexión con Llermanos se remonta a 2007, cuando constituyeron la firma Ivetra SA, considerada un bastión del holding.

El juez federal de Bahía Blanca, Walter López da Silva, previamente se había declarado incompetente en septiembre de 2024, tras desglosar hallazgos preliminares como «transferencias de bienes entre compañías con las mismas personas, depósitos millonarios no declarados o blanqueados sin origen comercial, uso de facturas apócrifas, contratos millonarios no coincidentes con perfiles económicos y adquisición de bienes y servicios ajenos al objeto social». Sin embargo, la Cámara Federal bahiense lo apartó y reafirmó la competencia de la jurisdicción local, exigiendo ahora celeridad para un «pronto tratamiento» de la compleja red bajo sospecha.