La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a confrontar con el Gobierno tras la confirmación oficial de que la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo tendrá carácter retroactivo y se aplicará sobre todas las relaciones laborales actuales. La definición generó un fuerte rechazo sindical y profundizó el conflicto político y social en torno al proyecto.

El dirigente cegetista Cristian Jerónimo calificó la admisión como un “sincericidio”, al señalar que desde el oficialismo se había sostenido lo contrario. “Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Cualquier ley aplica para todos”, afirmó, en referencia a las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según el referente sindical, la iniciativa oficial “termina decantando en algo que ya veíamos”, con artículos que consideró especialmente sensibles para los trabajadores. En ese sentido, sostuvo que se trata de una reforma “regresiva”que “quita derechos individuales y colectivos” y que “prácticamente les saca todo tipo de protección a trabajadores y trabajadoras”.

Desde la CGT también rechazaron las acusaciones del Gobierno sobre supuestos intereses económicos detrás de la resistencia gremial. “Eso quieren instalarlo desde el poder. Nunca existió una mesa de diálogo real, nunca quisieron dialogar con las contrapartes naturales”, expresó Jerónimo, al cuestionar la falta de negociación previa.

En respuesta a este escenario, la central obrera convocó a una movilización para el jueves próximo a las 15 en Plaza de Mayo, con el objetivo de visibilizar el rechazo a la reforma. “No queremos afectar a la gente. Es una forma de protesta para mostrar el descontento”, aclararon desde la conducción sindical.

Por su parte, Sturzenegger defendió el alcance de la reforma, al explicar que se trata de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, que por su naturaleza rige para todos los vínculos laborales. El funcionario remarcó que el objetivo del Gobierno es modernizar el sistema, reducir litigios y establecer nuevas herramientas como un fondo de asistencia laboral.

El cruce marca un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y el sindicalismo, en medio del tratamiento legislativo de una reforma que promete seguir generando tensiones políticas, sociales y gremiales en las próximas semanas.