Los empresarios sostenían que los pagos ilegales efectuados durante gobiernos kirchneristas no constituían coimas, sino supuestos aportes de campaña.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a marcar el rumbo procesal de la denominada Causa de los Cuadernos y desactivó el intento de tres empresarios imputados que buscaban trasladar el expediente al fuero electoral. Con el voto de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó los recursos presentados por «inexistencia de sentencia definitiva», dejando firme la resolución que ya había desestimado la incompetencia planteada por las defensas.

Los planteos habían sido promovidos por los abogados de los empresarios Jorge Balán, Hugo Dragonetti y Armando Loson, quienes sostenían que los pagos ilegales efectuados durante gobiernos kirchneristas no constituían coimas, sino supuestos aportes de campaña. Con ese argumento, pretendían que la causa pasara del fuero federal -donde se investiga corrupción- al electoral, donde el eventual reproche penal sería considerablemente menor o incluso inexistente.

La decisión de la Corte se conoció después de la quinta audiencia del juicio oral, instancia en la que se escuchó uno de los alegatos más fuertes de la fiscalía. El fiscal Carlos Stornelli reiteró que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habría sido la destinataria final de 22 pagos ilegales canalizados a través de empresarios como Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycochea y Gerardo Ferreyra.

Ofrecimientos millonarios rechazados

En la antesala del debate, varios de los acusados habían intentado evitar el juicio mediante ofrecimientos económicos de magnitud.
Entre ellos se destacó Hugo Alberto Dragonetti, de la firma Panedile, quien propuso pagar $1.421 millones como reparación. El empresario había declarado previamente que los pagos al financista Ernesto Clarens eran «aportes» necesarios para destrabar fondos de Vialidad Nacional.

También buscaron un acuerdo el arrepentido Benjamín Romero, de EMEPA, quien ofreció $510 millones y había admitido haber pagado USD 600.000 para la renovación de la Hidrovía; y Armando Roberto Loson, del Grupo Albanesi, cuya propuesta ascendió a $181 millones. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 7 rechazó todos los ofrecimientos por considerarlos insuficientes y mantener vigente el interés público en el juzgamiento.

Un actor en dos frentes

El caso de Loson tiene además un capítulo paralelo. El empresario actúa como querellante en un expediente vinculado, en el que está procesado Jorge Bacigalupo, ex policía federal y allegado al chofer Oscar Centeno. Bacigalupo está acusado de haber modificado nombres, fechas y lugares en los cuadernos originales con el fin de perjudicarlo.