En una audiencia clave donde participó el gobernador Axel Kicillof, el máximo tribunal instó al Gobierno nacional a presentar una propuesta concreta el próximo 10 de junio. El reclamo principal asciende a 2,3 billones de pesos por fondos no transferidos a la caja jubilatoria bonaerense.

La disputa judicial por los fondos que el Gobierno nacional adeuda a la provincia de Buenos Aires sumó este martes un capítulo fundamental. El gobernador Axel Kicillof participó de la segunda audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratar la demanda por más de 2,3 billones de pesos que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) mantiene con la jurisdicción provincial. Tras el encuentro, el tribunal dictó una medida concreta: el Ejecutivo nacional deberá formalizar una propuesta de pago en un plazo menor a veinte días.

El eje del conflicto: las cajas jubilatorias

El reclamo central se origina en la suspensión de las transferencias obligatorias que la ANSES debe realizar a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas al Estado nacional en la década de los 90. La provincia de Buenos Aires sostiene que estos giros son un compromiso legal ineludible que la actual gestión nacional ha interrumpido de manera arbitraria.

Al finalizar la audiencia, Kicillof destacó la relevancia del compromiso obtenido ante los magistrados. “Logramos que el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deban traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”, afirmó el mandatario, quien estuvo acompañado por el ministro de Economía, Pablo López, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Un rojo total de 15 billones de pesos

Si bien la audiencia de este martes se centró en la deuda previsional, el panorama financiero que describió el Ejecutivo bonaerense es mucho más alarmante. Según detalló el Gobernador, la Provincia tiene actualmente ocho reclamos activos ante la Corte Suprema por deudas que, en conjunto, superan los 15 billones de pesos.

“Es una cifra inmensa que representa un tercio del presupuesto provincial sancionado para este año”, advirtió Kicillof. Este monto acumulado responde a lo que la gestión provincial califica como un «corte de cuajo» de fondos esenciales desde la asunción del presidente Javier Milei, en un contexto donde la crisis económica ha incrementado las demandas de asistencia social en los municipios.

Las siete demandas adicionales

Además del conflicto con ANSES, la administración de Kicillof mantiene litigios abiertos por el recorte o eliminación de partidas específicas que afectan directamente el día a día de los bahienses y de todos los bonaerenses. Entre los reclamos más destacados se encuentran:

• Seguridad: Fondos vinculados al Fortalecimiento Fiscal.

• Educación: Reclamo por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

• Transporte: Recortes en el Fondo de Compensación al Transporte del Interior y la eliminación del Sistema de Boleto Integrado.

• Medio Ambiente: Fondos para la protección de bosques nativos.

• Infraestructura: Incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y convenios posteriores que paralizan obras públicas.

En la audiencia también estuvieron presentes el Fiscal de Estado, Hernán Gómez, y la titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti, reforzando la postura institucional de la Provincia ante lo que consideran una asfixia financiera que pone en riesgo la prestación de servicios básicos.